En México han desaparecido más de 79 mil personas y las cifras siguen en aumento, 2019 registró un récord en el número de desapariciones; en promedio, se descubren dos fosas clandestinas al día en el país, de acuerdo con el diario estadounidense The Washington Post (WP).
En México se registra la crisis más grande de desaparecidos en América Latina desde las «guerras sucias» de 1970 y 1980, cuando se registraron 45 mil desaparecidos en Guatemala, 30 mil en Argentina y 3 mil 400 en Chile.
De acuerdo con WP, en ocasiones quienes están detrás de las desapariciones son miembros de las fuerzas armadas, pero es más frecuente que sean cárteles de la droga, quienes suelen estar aliados con fuerzas policiales corruptas.
En el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Karla Quintana Osuna es la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas.
El diario narra que Quintana, una abogada respetada, asumió su cargo con esperanza, pero luego de diez meses en el puesto comenzó a darse cuenta de los límites del poder gubernamental.
A su llegada había 40 mil nombres de desaparecidos escritos en una serie de documentos Excel y archivos Word llenos de duplicaciones y errores tipográficos; para lo cual contrató un equipo de doce personas, entre programadores, analistas de sistemas y abogados para actualizar el material.
También solicitó las cifras más recientes de desaparecidos a las fiscalías estatales, pero no muchos enviaban la información, pues en algunos casos los sistemas informáticos no se comunicaban con los del gobierno federal o simplemente sus registros eran un caos.
Al final logró dar con la cantidad de 61 mil 637 desaparecidos; «son datos del horror, dijo en una conferencia de prensa. No obstante, esta cifra es menor a la realidad, pues muchas personas no presentaron denuncias por miedo, además de que casi un tercio de los 32 estados del país no habían entregado sus datos.
La Comisión de Quintana tuvo diversos problemas con el sistema judicial mexicano: su equipo podía ayudar a encontrar fosas clandestinas y retirar los restos, no obstante al tratarse técnicamente de escenas del crimen, una persona de la fiscalía tenía que estar presente.
Algunas fiscalías estaban plagadas de corrupción y otras tenían escasez grave de personal, señala WP.
A esto se sumaba otro tema: el país está inundado de cadáveres al grado que los médicos forenses se han quedado sin espacio. En 2018, autoridades de Jalisco recorrieron a depositar el exceso de cuerpos en un camión refrigerado que se movía de pueblo en pueblo.
La noticia generó un escándalo nacional, pero lo que en realidad estaba detrás es que los médicos forenses estatales llevaban años deshaciéndose de cuerpos sin realizar autopsias ni tomar muestras de ADN.
Quintana y su equipo hicieron los cálculos y concluyeron que había 37 mil cadáveres en esta situación. «Al menos algunos de los desaparecidos no eran desaparecidos en absoluto. Habían sido depositados en el lugar errado. Por el mismo gobierno», señala el WP.
A más de un año en el cargo, la Comisión ha crecido a 89 empleados; ayudó a crear comités de búsqueda gubernamentales en todos los estados; en agosto de este año, México reconoció la autoridad de la ONU para investigar desapariciones, decisión que por mucho tiempo fue inaceptable para los militares.
También la Comisión financió un centro en Coahuila para identificar cuerpos; y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional duplicó su ayuda con una subvención de cinco años por 24 millones de dólares para encontrar a los desaparecidos y combatir la tortura.
Pero también las tensiones con la Fiscalía General de la República (FGR) aumentaron: la Comisión presentó el Protocolo Homologado de Búsqueda, que tendría acceso a información de todo el gobierno mexicano. Pero los funcionarios de la justicia federal se negaron a aprobarlo, al argumentar que les preocupaba que las investigaciones pudieran verse comprometidas.
Familiares de desaparecidos reconocieron que se han registrado avances en la búsqueda de sus seres queridos, pero no se ha cumplido la promesa de López Obrador de involucrar «a todas las instituciones» para resolver este problema.
