Las inundaciones en diversos municipios de Tabasco han dejado un saldo de 302 mil 498 damnificados, que han vivido más de 60 días bajo el agua. El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señalaba duranta un vuelo en helicóptero que ante el desbordamiento del río Carrizal “teníamos que tomar una decisión”. Evitar que se afectara Villahermosa, la capital tabasqueña, implicó una devastación en su periferia. “Desde luego se perjudicó a la gente de Nacajuca, zonas chontales, los más pobres”, subrayó AMLO.
Tras haber sobrevolado las zonas afectadas, AMLO y el Gobernador, Adán Augusto López, dieron un mensaje desde el Malecón de Villahermosa para presumir que parte de la capital no se había inundado. Aplaudió el “trabajo” del gobernador y, ambos, se comprometieron a que “no le faltará la comida y lo indispensable” a todos los damnificados y “buscar una solución de fondo”. Sin embargo, testimonios obtenidos por Es Noticia Hoy han denuncia un olvido de las autoridades federales, estatales y municipales.
Tabasco cuenta con una superficie de 24,738 km2, representa el 1.6% del territorio nacional y donde se descarga el 30% del agua de lluvias del país. El 60% del territorio es llano y susceptible a los desbordamientos de los ríos. Sin embargo, se ha detectado que los problemas por los que pasa la entidad se han presentado desde el siglo XVI, y fue hasta el siglo XIX cuando se descubrió el problema del ciclo pluvial; que según expertos, cada 10 años el problema se vuelve más grave.
Numerables Presidentes y Gobernadores de sexenios pasados anunciaron programas (la construcción de la presa Malpaso en 1964, el proyecto del cauce de alivio del río Samaria en 1965, el Proyecto Integral Contra Inundaciones (PICI) de 1995, hasta el Plan Hídrico Integral de Tabasco del 2008) de infraestructura (56 años), que significaron poca o nula ayuda para prevenir catástrofes como las vigentes, con planes y acciones que no concretaron ante los cambios de administraciones y que respondían cada vez que sucedía alguna tragedia para poner manos a la obra.
En la logística política y disyuntiva que se implementaba, siempre se procuraba salvaguardar a la capital del Estado a costa de comunidades rurales, indígenas y empobrecidas, según datos de la Asociación Ecológica Santo Tomás. Aunado a la malversación del gasto público que se destinaba para apoyos y reparación de daños.
Durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hubo sospechas de estrategias en la gestión de recursos que llegaron a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), y que dictaminó en 2010 que la Conagua “no diseñó ni implementó el Plan Hídrico Integral de Tabasco de conformidad con la normativa y con las buenas prácticas de la administración pública”.
La deforestación de la selva para abrir paso a proyectos de poca rentabilidad económica, el otorgar concesiones mineras y la explotación de hidrocarburos han creado una caótica situación de vulnerabilidad para los pobladores de las zonas más pobres y beneficiando al sector privado. “Hay una división del trabajo en el país, a los Estados del sureste se les utiliza como una bodega de recursos naturales. El Estado mexicano ha creado una zona de extractivismo dentro de su propio territorio, hoy vemos las consecuencias”, señaló Fermín Ledesma, investigador del Centro de Lengua y Cultura Zoque, en el norte de Chiapas para el diario EL PAÍS.
En la actual administración no se tienen propuestas de mitigación a los problemas de infraestructura que Tabasco necesita. Se ha eliminado los fondos contra desastres naturales como el FONDEN y las actitudes de las autoridades han presentado irregularidades e inexperiencia. López Obrador presentó el plan contra emergencias en Tabasco, el cuarto en 4 sexenios, pero que hasta el momento carece de visión para prevenir y mitigar posibles desastres a futuro. Sin excluir que la Conagua cuenta con un recorte de subsidios, al pasar de 50 millones con los que contaba en 2015 a 23 millones, ante la política de austeridad de la 4T.
