Los leños del fogón de Angélica María López (45 años, cinco hijos) crujen por las llamas sobre las que se recuece una olla de frijoles. Es la comida del día que esta mujer prepara para alimentar a tres de sus cinco hijos, los que aún dependen de ella. Esaú, de 10 años, corretea con otro amigo en la calle frente a su casa, sin preocupación más que de divertirse. No va a la escuela: su madre decidió sacarlo cuando los colegios cerraron debido a la pandemia. El Internet acá es un lujo impensable, no hay televisión y Angélica María no sabe leer ni escribir. Para ella es un tormento que dos veces a la semana lleguen a la escuela de su hijo los maestros a dejar deberes que ella no puede ayudar a hacer en casa. Aunque le duele, dice, no puede ayudar a su hijo.
Ocosingo, el municipio más extenso del Estado de Chiapas, es hogar de más de 41.000 personas, miles de ellas indígenas lacandones y tseltales. Es una región fría y lluviosa, rodeada de frondosos bosques de maderas preciosas como caoba, cedro, ceiba, pino y encino. Cuenta con cascadas de agua turquesa y arroyos cristalinos. María Angélica vive con sus hijos y su segundo esposo, que ha quedado ciego, en una casa alquilada. Paga la renta lavando ropa. Fernanda, de dos años, juega por la casa mientras su madre enjuaga platos. “Yo no les pude dar estudios, porque los crecí [críe] solitos a mis hijitos, porque su papá se fue a Estados Unidos”, relata en un español que se le hace difícil. Aquel hombre nunca regresó y tampoco envió dinero. El mayor de los hijos de Angélica María, de 22 años, ya está casado y vive en otro municipio. La que le sigue, de 19, vive con la madre y a falta de estudios busca trabajo. Tampoco lee ni escribe. Quedan los tres más chicos, Juanita, de 12, Esaú y Fernanda.
Ocosingo forma parte de una muestra de 20 municipios de Chiapas donde la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) analizó el impacto que la pandemia de covid-19 ha tenido en regiones pobres que han recibido ayudas del Gobierno. El resultado muestra un escenario complejo: 45% de las niñas y niños beneficiarios del programa social Prospera, cancelado el año pasado por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, no pudieron continuar sus estudios y tuvieron que abandonar la escuela durante la emergencia sanitaria. Prospera, antes conocido como Oportunidades, entregaba fondos a las familias más necesitadas con la condición de que enviaran a sus hijos a las escuelas y a revisiones médicas. El programa fue sustituido por las Becas para el Bienestar, que entrega 800 pesos mensuales por familia.
Angélica María recibía 3.000 pesos mensuales de Prospera. Eso, más los ingresos por su trabajo, le permitía salir adelante cuando su segundo esposo quedó ciego. Después vinieron la política de austeridad de López Obrador, los recortes a las ayudas y la pandemia. Hoy dice no recibir nada. Ahora espera que sus hijos, incluso Esaú, consigan un trabajo para que le ayuden a llevar los gastos. “No hay estudios porque no hay con qué, no hay dinero y ese es el sufrimiento que llevo con ellos”, reitera.
Con la pandemia, el Gobierno cerró los colegios en un intento de frenar los contagios. México registra más de 109.000 muertos por la covid-19. En agosto, las autoridades educativas admitieron que el país no contaba con las condiciones para que los alumnos regresaran a la escuela, por lo que el curso se haría con clases a distancia y con más de 30 millones de estudiantes siguiéndolas por televisión. López Obrador firmó un convenio con las grandes televisoras privadas del país (Televisa, Azteca, Grupo Multimedios y Grupo Imagen) para que retransmitan los contenidos escolares.
stituto de estadísticas. Los resultados de la investigación de MCCI revelan que las cinco razones principales por las que los estudiantes han dejado la escuela son la falta de dinero para pagar el servicio de Internet, el hecho de no contar con computadoras, teléfono inteligente o televisor en casa; horarios de clases no accesibles y la falta de personas mayores para supervisar las actividades escolares, además de no contar con información sobre cómo ingresar a las clases en línea.
“Las condiciones tampoco han sido las mejores para el resto de los estudiantes [55%] que sí pudieron seguir el modelo de la Secretaría de Educación, pues 72% toman sus clases en línea a través de un teléfono celular, 54% de ellos no han tenido un adulto encargado de acompañar los trabajos y actividades escolares y en 49% de los hogares las familias reportaron problemas para poder continuar con las clases”, se advierte en el informe adelantado a EL PAÍS. “Estos resultados ponen contra la pared a una Administración que repite que su prioridad son los más pobres. Al haber implementado un modelo educativo que no considera las múltiples carencias de los hogares, junto con la ausencia de políticas públicas específicas para mitigar las consecuencias económicas y sociales del coronavirus, los más pobres están sufriendo la peor parte de esta crisis, lo que solo profundizará las ya enormes brechas de desigualdad que existen en México”, concluyen desde MCCI.
Chiapas es uno de los Estados más rezagados de México. El 76% de su población está en situación de pobreza y más del 30% en extrema pobreza, según datos de 2018 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Solo el 5% de sus habitantes es considerado como no pobre. En varios municipios se veía a los niños sin asistir a clases, jugando solos. Es el caso de Pedro, cuyo padre regenta un negocio de reparación de neumáticos a un lado de la carretera que lleva al municipio Venustiano Carranza. Lo mismo pasa con Elena, una tímida niña que se pasa el día vendiendo elotes cocidos. En esta localidad hay más de 150 escuelas cerradas. En los momentos más duros de la pandemia, en julio, morían 20 personas a diario, comenta Auner Ayanigui, director municipal de Educación. Las autoridades intentaron adoptar las medidas recomendadas por el Gobierno federal, como el cierre de negocios. Los habitantes enardecidos lo impidieron y como medida de protesta quemaron la alcaldía. Ayanigui concede la entrevista en el centro cultural, un edificio chamuscado, en una oficina con un escritorio y una silla como únicos muebles y donde las paredes están aún marcadas por el hollín.
Chiapas, Campeche y Veracruz son los únicos estados que han logrado pasar al verde, según el semáforo epidemiológico de riesgo de contagios diseñado por las autoridades sanitarias, pero en Chiapas las escuelas aún no han abierto. Ayanigui afirma que no han recibido la orden de apertura de la SEP, aunque espera que en enero los niños regresen a las aulas. Por el momento, afirma vacilante, “no ha habido deserción”. “Los maestros atienden de manera particular a los estudiantes en las zonas urbanas”, agrega en referencia a las visitas que semanalmente hacen los profesores para dejar tareas que deben ser hechas en casa. “El problema está en las zonas rurales, donde no hay señal de teléfono”, admite.
Maestros como Alberto Gómez, de 38 años, hacen un esfuerzo para impedir que sus estudiantes dejen la escuela. Él imparte la primaria en español y tseltal, que es la lengua que habla la mayoría. “Los niños no están aprendiendo desde marzo. Como padres de familia y maestros estamos muy preocupados. En las comunidades rurales, los niños carecen de computadoras, Internet, tecnología y eso ha repercutido mucho en la educación”, añade. Gómez afirma que “tiene la buena intención” de mantener la enseñanza, por lo que hace semanalmente viajes de hasta cuatro horas por caminos rurales para llegar a las comunidades a dejar “paquetitos de trabajo” y evitar el rezago. Admite que no es tarea fácil. Los padres trabajan en el campo y no pueden atender a sus hijos, además de que muchísimos no saben leer. El maestro se refiere con cariño a sus estudiantes y no deja de lanzar su pena, que resume los retos que marcan a la educación mexicana: “Anhelamos estar en las aulas con los niños, ayudándolos, corrigiéndolos, tendiéndoles la mano”.
Con información de El País
