En el marco de los Protocolos de Protección a Migrantes, mejor conocidos como el plan “Quédate en México”, las autoridades de Estados Unidos devolvieron a algunas de las ciudades más peligrosas de México a más de 69 mil solicitantes de asilo extranjeros –entre ellos niños y familias–, donde enfrentan “daños graves continuos como el secuestro y la violación”, a veces de manos de agentes del Estado mexicano, sostuvo hoy la organización Human Rights Watch (HRW).
Este plan, que el equipo del canciller Marcelo Ebrard Casaubón negoció y pactó con el gobierno estadunidense de Donald Trump durante el periodo de transición, permite a los agentes del vecino país del norte enviar a México las personas que pidieron asilo para que esperen de este lado de la frontera a que un juez de migración examine sus casos, lo cual puede demorarse varios meses, y más aún en la pandemia de covid-19.
De acuerdo con un amplio informe de HRW, elaborado en conjunto con las universidades de Stanford y Willamette, entre las personas devueltas a México estuvieron “incluidos bebés y niños de todas las edades, algunos de ellos con discapacidades”.
Tras entrevistar a 52 personas colocadas en el plan “Quédate en México”, la organización descubrió que fueron “agredidos sexualmente, secuestrados a cambio de un rescate, extorsionados, robados a punta de pistola y sometidos a otros delitos”.
“En muchos casos, dijeron que estos ataques ocurrieron inmediatamente después de que las autoridades estadunidenses los enviaran a México para esperar las audiencias de los tribunales de inmigración estadunidenses sobre sus solicitudes de asilo, o cuando regresaban de las audiencias. Testigos aseguraron que agentes de inmigración o policías mexicanos cometieron algunos de estos delitos”.
El gobierno de Estados Unidos anunció el arranque de los MPP el 20 de diciembre de 2018, es decir, menos de tres semanas después de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Cancillería indicó, inmediatamente después, que México ofrecería a las personas devueltas la oportunidad de permanecer en el país por “razones humanitarias”.
Sin embargo, el informe de HRW muestra que, en lugar de atender la situación de las personas devueltas, el gobierno federal las abandonó a su suerte: los refugios para migrantes de Ciudad Juárez, Tijuana y otras ciudades fronterizas “se llenaron rápidamente” y “las condiciones son particularmente terribles en Matamoros, donde entre mil y 2 mil 600 personas o más han vivido en tiendas de campaña sin acceso adecuado a agua potable ni saneamiento”, deploró.
Abusos de la autoridad
Según el informe, los solicitantes de asilo enfrentan amenazas y extorsiones en México, entre ellos de las propias autoridades. El documento narra el relato de una mujer venezolana, a la que dos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) robaron 2 mil 500 pesos tras amenazarla de deportación –a pesar de tener sus documentos en regla–.
Aparte, HRW reportó que agentes del Departamento de Seguridad Interior (DHS) multiplica las trabas para evitar que los solicitantes de asilo resuelvan sus casos: les entregan fechas de audiencias “ficticias”, crean oficios apócrifos y mienten a las personas.
Por si fuera poco, a partir del 21 de marzo de 2020 la administración de Trump ha usado la pandemia de covid-19 como pretexto para aplazar de manera constante las audiencias de los solicitantes de asilo –lo cual provoca “que la mayoría de las personas pasarán al menos un año, y en muchos casos más, en México”– y para devolver a México a todas las personas que lleguen a su frontera, ya ni siquiera bajo el plan de Quédate en México.
Aunque el gobierno mexicano siempre alegó que la implementación de los MPP fue una medida unilateral de Estados Unidos, con el paso del tiempo se ha documentado que el plan fue negociado durante el periodo de transición por un equipo de Ebrard, encabezado por el empresario Javier Joaquín López Casarín, quien es ahora presidente honorario del Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación (Coteci).
