A pesar de que el año pasado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) advirtió sobre las deficiencias en el proceso de verificación de los centros de trabajo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, meses después éstas son aprovechadas por particulares para defraudar esa estrategia gubernamental.
En julio pasado, el organismo dio a conocer la primera evaluación de la política social de esta Administración.
En ella aseveró que el programa era supervisado por los llamados «Mentores de la Nación», que en algunos estados el número de estos funcionarios ascendía a sólo cuatro y que éstos trabajaban sin viáticos y sin los insumos necesarios para llevar a cabo su trabajo.
De acuerdo con la evaluación, estos funcionarios, adscritos a la Secretaría del Trabajo, fueron asignados a partir de una georegionalización diseñada por la Secretaría de Bienestar, misma que derivó en que estados como Campeche contara con cuatro mentores y el Estado de México con 62.
Además, éstos carecían de viáticos, por lo que tenían que usar sus propios teléfonos para registrar los resultados de las verificaciones y solventar con su sueldo gastos de conectividad a internet, telefonía y papelería.
Lo anterior, advirtió el Coneval, derivó en deficiencias como el hecho de que en su primer año de operación, el programa no contara con mecanismos y equipo para revisar y retroalimentar los planes de capacitación y revisar el impacto de éstos en los becarios.
A siete meses de que el Consejo hizo pública esta evaluación, REFORMA publicó este miércoles que, en Linares, Nuevo León, Lucio Zurita, ex empleado de la Coordinación de Desarrollo Económico municipal, se coludió con dueños de negocios para ofrecer supuestos empleos a jóvenes, obtener sus datos personales y, sin su consentimiento, inscribirlos en la plataforma del programa, para posteriormente cobrar las becas.
Desde su puesta en marcha, en 2019, este programa ha sido objeto de múltiples señalamientos.
En julio de 2019, delegados regionales de diversas entidades del país denunciaron públicamente que al interior del programa ocurrían prácticas como robo de identidad, pago de moches de los jóvenes a las empresas o instituciones adscritas al programa y retención de tarjetas por parte de los propios empleadores.
Acusaron, además, la existencia de empresas fantasmas que tiene a jóvenes cobrando sin hacer nada a cambio de un porcentaje de su beca.
La diputada del PAN, Marcela Torres Peimbert, quien en el pasado acusó que el programa carecía de información verificable, aseguró que el Gobierno federal está en falta, porque a pesar de los señalamientos de diversos actores hacia el programa y de que el Coneval alertó sobre algunas deficiencias de éste, no ha hecho nada para subsanar éstas.
«El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha tenido irregularidad que hemos marcado reiteradamente, pero al estar cerrados a cualquier observación, lo que debieran ser oportunidades para mejorar el programa, son tomadas como ataques de una Oposición neoliberal y se hace una cuestión ideológica muy farragosa y desestimada», aseveró.
La legisladora opinó que las observaciones al programa han sido desestimadas porque el objetivo de éste no es que funcione, sino hacer clientelas electorales.
«Aquí el tema es hacer clientelas electorales, y eso es lo que hacen con sus becas, entonces no tienen medidores externos, no tiene evaluadores, auditores externos, no les interesa, no es que quieren que realmente el programa funcione», afirmó.
