La confrontación entre el INE y López Obrador data de 2006, cuando muchas decisiones del IFE fueron cuestionables, considerando además de que, al configurar el Consejo General en 2003, se dejaron fuera las propuestas del PRD. Y su labor en 2006 dejó qué desear en cuanto a la apertura de paquetes. Pero AMLO no distingue entre un Consejo Electoral y otro, pues atribuye a todos la responsabilidad de lo que hayan hecho los anteriores consejeros. Es la Institución, no las personas, las que en su óptica está desde siempre en su contra, al grado incluso de acusar a este INE de haber preparado un fraude en 2018, sin explicar en qué consistía y a partir de qué indicios o pruebas sostiene tal afirmación. Curiosamente, en una contienda el perdedor acusa al árbitro de parcial, y el ganador lo defiende. En 2018 ha ocurrido lo inverso; el ganador descalifica al árbitro, los perdedores lo defienden. Y es que a AMLO no le gusta que esa institución –ni de ninguna otra– no esté bajo su control (busca cambiar “sus instituciones” por “mis instituciones”).
No ocurre lo mismo con el TEPJF en su actual composición; este se plegó casi enteramente al PRI mientras fue gobierno, y apenas ganó AMLO en 2018 dio el viraje para fallar, casi siempre, a favor de Morena, al margen de lo que diga la ley. Así, por ejemplo, AMLO acusa al actual INE de haber cumplido órdenes superiores al permitir la candidatura de Margarita Zavala como independiente sin que hubiera claridad en los requisitos. Pero no menciona que el Tribunal, además de ratificar esta candidatura, agregó la de El Bronco que era más dudosa aún, con mucho. Y desde luego, AMLO omite que su candidatura en 2000 para el DF no cumplía los requisitos, pero el Instituto Electoral local, con mayoría perredista, la avaló por encima de la norma. Tampoco reclamó cuando, el año pasado, el Tribunal otorgó el registro a tres partidos que no cumplían con los requisitos (y que el INE no se los había concedido), pero que casualmente son aliados de AMLO. Ahí, ningún problema.
En torno al ajuste que en la sobrerrepresentación ha hecho el INE, Morena ahora la defiende (cuando antes la condenó) con los mismos argumentos que utilizaba el PRI hace 30 años (viene de ese partido). Y en relación a la cancelación de varias candidaturas, el INE lo que hizo fue aplicar la ley tal y como está. Una ley avalada en su momento por la Suprema Corte de Justicia. La dureza de la sanción –perder el registro como candidato– la pusieron los partidos, no el INE, y se explica por la importancia de frenar en lo posible el financiamiento ilícito de campañas y precampañas. Hay otras sanciones menores para los infractores (amonestación pública o multa), pero sólo aplica a aquellos que perdieron en la contienda interna. Para los ganadores –el caso de Salgado Macedonio y Morón– hay una sola sanción; la pérdida del registro (Legipe, art, 229-3). Dos de 15 candidatos a gobernador fueron penalizados; los demás han cumplido cabalmente. Los sancionados fueron avisados con tiempo para poder ser subsanar la falta, y no hubo respuesta. No, no es asunto de parcialidad, sino de incumplimiento de la norma.
Morena alega que debe prevalecer la voluntad popular por encima de la norma, lo cual es acorde con lo que ha dicho AMLO de “primero la justicia, después la ley”. Pero ¿quién decide qué es justo o no? Cada persona, grupo, movimiento o partido, según sus intereses. Que prevalezca la justicia (subjetivamente definida) por encima de la ley, no conduce al Estado de Derecho, sino al Estado de Chueco, la anarquía o a la dictadura. Por lo pronto, es probable que el TEPJF tire los acuerdos del INE (ya es costumbre) tanto respecto de la sobrerrepresentación como de la cancelación de candidaturas. En todo caso, el embate de AMLO y Morena contra el INE cobrará fuerza, y no debe extrañar que en algún momento remuevan a algunos consejeros del INE, o al menos a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. En ellos dos está centrada la furia de su Alteza Serenísima.
José Antonio Crespo
