En los primeros dos años de administración de Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, adquirió tecnologías israelíes de espionaje masivo por 5.6 millones de dólares a la empresa Neolinx de México, que había vendido material de espionaje al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Según un reportaje publicado hoy por la periodista Zorayda Gallegos en El País, diversas instancias de la FGR celebraron al menos cuatro contratos con Neolinx, y los pagó a través de una “partida secreta en materia de gastos de seguridad nacional”, con clave 33701, la cual fue usada por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio pasado para comprar el spyware Pegasus.
El reportaje documentó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) celebró un contrato de 2.4 millones de dólares el 30 de mayo de 2019, por un “servicio de localización geográfica en tiempo real para equipos de comunicación móvil asociados a una línea telefónica, consistente en instalación puesta a punto, configuración y liberación de 135.000 búsquedas, sin que exista un límite de búsquedas diarias”.
Según El País, este contrato amparó la tecnología de Geomatrix, que permite rastrear teléfonos que utilicen GSM / UMTS / 3G / 4G (LTE), y cuya promoción plantea: “La solución sigilosamente determina el estatus, la ubicación y el movimiento de los objetivos de interés, desde cualquier lugar en una ciudad o área hasta el país entero y más allá de las fronteras, localizándolos con alta precisión en tiempo real”.
Aparte, la Policía Federal Ministerial compró a Neolinx por 2.8 millones de dólares una “Echo Plataforma de consulta y análisis de datos masivos” desarrollada por la empresa israelí Rayzone, que proporciona a las autoridades información sobre usuarios de Internet.
Durante el sexenio de Peña Nieto, Neolinx fue una de las empresas que vendió tecnologías de espionaje a agencias del gobierno; en octubre de 2013, su dueño –Gilberot Enríquez– indicó a la empresa italiana Hacking Team que trabajaba con Tomás Zerón de Lucio, el entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en un proyecto para centralizar la red de espionaje de las fiscalías estatales.
Durante el gobierno de Peña Nieto, varias agencias de seguridad utilizaron las tecnologías de espionaje para intervenir los celulares de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, como se exhibió en el escándalo conocido como #GobiernoEspía.
El presidente López Obrador ha afirmado en varias ocasiones que su gobierno ya no utiliza estas tecnologías intrusivas.
Aparte del reportaje de El País, el grupo de investigadores del Citizen Lab, con sede en Canadá, revelaron en diciembre pasado que, en lo que va del sexenio actual, al menos cuatro agencias mexicanas han usado tecnologías de espionaje telefónico de la empresa Circles –que fusionó con la empresa israelí NSO en 2014–, las cuales aprovechan fallas en el Sistema de Señalamiento 7 (SS7). Dos agencias, que Citizen Lab no pudo identificar, todavía las utilizan.
