Después de dos años y medio que ha gobernado el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), envió al Congreso de la Unión iniciativas de reforma con la intención de minar las relaciones del Estado mexicano con la Iglesia Católica, lo que ha causado polémica en diversos sectores de la sociedad.
Por Trinidad González
El impacto de estas iniciativas ha sido tal que, recientemente, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, declaró que en una “época convulsa” como la que hoy se vive, es conveniente que el gobierno atienda los problemas más urgentes y conserve la unidad en el país, porque ésta resulta “necesaria para la construcción del bien común”.
En una carta titulada Unidos por el bien común, todos los obispos católicos del país expresaron su preocupación por la pretensión de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de modificar la Ley General de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LGARCP), con la finalidad de que, desde el Estado, se fracture la laicidad y se normen las relaciones de éste con las instituciones religiosas.
Además del reclamo a Morena por tales iniciativas para alterar la LGARCP, los prelados católicos pidieron una conducta más reflexiva a los grupos sociales implicados en la discusión de las iniciativas de reforma en asuntos de gran impacto social.
En octubre del año pasado, la diputada morenista Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Morena, presentó una iniciativa de reforma legal “para sancionar expresamente a las asociaciones religiosas o ministros de culto que profieran expresiones o actos de discriminación en contra de las personas con motivo de su identidad sexual o expresión de género, ello con objeto de evitar ataques desde organizaciones religiosas y sus agentes en contra de la población de la diversidad sexual”.
La propuesta de Ascencio Ortega, que busca modificar el Artículo 29° de la ley reglamentaria, fue aprobada el dos de marzo pasado por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, y con ella, al referirse a la Iglesia Católica, se quiere infraccionar a los ministros de culto por opinar sobre determinados temas; es decir, se les quiere imponer una “ley mordaza”.
Cuando esa reforma fue discutida en el pleno de la Cámara de Diputados, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Alfonso Miranda Guardiola, en una entrevista concedida a El Heraldo de México, comentó: “Percibimos la propuesta de leyes no consensuadas y no dialogadas con amplios sectores de la sociedad, iglesias incluidas, tienen dedicatoria”.
En diciembre de 2019, la senadora morenista por el estado de Zacatecas presentó también una iniciativa de reforma con la que se pretendía “romper” el Estado laico y, aunque la iniciativa no se aprobó, el intento quedó consignado como un grave antecedente.
La propuesta de María Soledad Luévano Cantú pretendía borrar del texto legal “el principio histórico de separación del Estado y las iglesias” y se oponía a la existencia de concesiones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación en manos de instituciones religiosas y que aquéllas solo se otorgaran a los empresarios de los medios de comunicación. Las iglesias solo tendrían a su disposición publicaciones impresas y digitales, y propuso que instauraran objetores de conciencia para diversos profesionales.
