La representación en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) urgió a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar el acceso a la justicia y reparación integral para víctimas de violencia sexual en 18 escuelas de siete estados del país, documentada por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) en su informe “Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas”, publicado recientemente.
En un pronunciamiento, el organismo recordó la obligación de los gobiernos federal, estatales y municipales para “tomar medidas necesarias para prevenir, detectar y atender oportunamente el abuso sexual infantil en todo contexto, incluido el escolar, conforme las normas internacionales y nacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño”.
Al llamar a las autoridades a “garantizar entornos libres de violencia en todas las escuelas del país, así como mecanismos de denuncia, detención y canalización amigables y eficaces para proteger a todas las niñas, los niños y adolescentes de cualquier forma de violencia, especialmente la violencia sexual”, UNICEF consideró que la exposición en el informe sobre las graves violaciones a derechos humanos contra los menores advierte la necesidad de hacer reformas legales.
El texto de la ODI destaca la operación de grupos delincuenciales organizados dedicados a la explotación infantil dentro de escuelas públicas y privadas, en siete estados del país, hechos en los que participan maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia, lo que “revela un profundo contexto de vulnerabilidad y desprotección, debido a la falta de mecanismos amigables de acceso a la justicia, detección oportuna y atención integral de la violencia sexual infantil y trata de personas en las escuelas”, apuntó el organismo.
De igual manera, puntualizó: “todos los niñas y niños identificados por ODI requieren de inmediata intervención de las autoridades para garantizar su recuperación física y psicológica, así como la restitución de sus derechos, sin discriminación de ningún tipo y a través de una atención basada en su edad, género y cualquier otra circunstancia particular”.
Para revertir esta situación, apuntó UNICEF, “el país debe realizar además una reforma legal para homologar los delitos relacionados con violencia sexual entre las entidades federativas y estandarizar los mecanismos de denuncia, detención y atención de la violencia en todas las escuelas”.
Asimismo, consideró importante “escuchar a las y los afectados, proporcionarles toda la información necesaria en cada etapa de los procedimientos y acciones a realizarse para atender y restituir sus derechos (en un lenguaje comprensible y reconociendo su capacidad de opinión y decisión, según su edad y madurez), proteger su privacidad y resguardar su identidad ante cualquier circunstancia”.
Y respaldó la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que urge “investigar y sancionar de inmediato todos los hechos vinculados con probables casos de violencia sexual”, así como que haya coordinación entre las instancias que conforman el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, como lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, “acompañada de todas las medidas necesarias para proteger integralmente a las víctimas, conforme al principio del interés superior de la niñez y la adolescencia”.
