Desde que inició su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió un sistema de salud pública que garantice atención médica de calidad y medicamentos gratuitos al desaparecer el Seguro Popular. “Es evidente que no ha funcionado”, dijo sobre este mecanismo el 14 de diciembre de 2018, a unos días de asumir como Ejecutivo federal.
En contraste, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) encontró en ese momento que el Seguro Popular contribuyó a disminuir el porcentaje de la población con carencia a los servicios de salud, aunque en los últimos cinco años, reconocía un retroceso.
Según el organismo autónomo que mide la pobreza en México, la falta de acceso a la salud pública presentó una disminución a nivel nacional de 37.2 puntos porcentuales entre 2000 y 2020, pero a partir de 2015 fue de nuevo en aumento al pasar de 16.7% a 21.5% en 2020, el primer año del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el organismo con el que se sustituyó al Seguro Popular.
Datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) abonan en el panorama de la cobertura de salud del presente que cada vez, ha ido a menos. Aunque en 2021, el presupuesto para el Insabi fue 4.5% mayor, en términos reales, que el monto ejercido en 2019 por el Seguro Popular, este aumento de 8,647 millones de pesos no es equivalente para el aumento de la población de 14.4 millones de personas más, lo que genera una contracción del gasto per cápita.
“El presupuesto del Insabi no es congruente con el objetivo de cubrir a toda la población sin seguridad social, de tal forma que, el gasto per cápita para esta población pasa de 3,656 pesos en 2019 a 2,911 pesos en 2021, una contracción de 20.3%”, dice el estudio «De Seguro Popular a Insabi: mayor población con menos atención», de Judith Senyacen Méndez Méndez, difundido por el CIEP.
En su análisis, la investigadora señala que las diferencias en el gasto per cápita de los subsistemas de salud exacerban la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, pues por ejemplo ese mismo indicador en Pemex pasó de 23,896 pesos en 2016 a 29,803 pesos por persona; es decir, 10.2 veces el gasto por persona del Instituto de Salud.
A nivel estatal, también hay diferencias en la cobertura de salud. De acuerdo con el Coneval, Michoacán (32.6%), Chiapas (29.9%), Estado de México (27.2%), Oaxaca (26.6%) e Hidalgo (25.1%) son las entidades donde el acceso a salud es más deficiente. Todas están adheridas al Insabi, en tanto que 4 de las 10 entidades con el porcentaje más bajo de población con carencia por acceso a la salud no se adhirieron.
- Baja California Sur (11.4%)
- Chihuahua (12.0%)
- Colima (12.7%)
- Nuevo León (13.2%)
- San Luis Potosí (13.8%)
- Sonora (13.9%)
- Aguascalientes (14.3%)
- Coahuila (14.5%)
- Campeche (17%)
- Guanajuato (15.7%)
A Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato se suman Jalisco y Tamaulipas entre los estados que optaron por mantener los servicios de salud a nivel estatal y no afiliarse al Instituto de Salud, dirigido por Juan Ferrer.
Tras la reforma de 2019 a la Ley General de Salud, el Insabi absorbería a partir del 1 de enero de 2020 los servicios de salud y la entrega de medicamentos a personas sin seguridad social. En los primeros meses de esto, se reportaron fallas y conflictos para operar, y después llegó la epidemia de Covid-19, lo que hizo aún más complicada la implementación.
A esto se sumó también que también desde el inicio de la actual administración se acusó a distribuidoras de medicamentos de crear monopolios y se vetó a algunas empresas de proveer al gobierno lo que derivó en falta de algunos medicamentos.
En comparecencia en la Cámara de Diputados, en octubre de 2020, el secretario de Salud reconoció que tenían solo 25 de 31 medicamentos oncológicos, entre ellos leomicina, epirubicina y metotrexato intravenoso.
Este último medicamento es uno de los que ha llevado a padres de menores con cáncer a salir a las calles en numerosas ocasiones para pedir que se garantice para sus hijos. Esta semana, se manifestaron en varios estados y en la Ciudad de México.
Hasta el 2 de julio, los padres de los menores contabilizaban 971 días –más de los que lleva López Obrador en el gobierno (944 días)- sin medicamentos oncológicos.
Este martes, el presidente reconoció que a su gobierno se le ha complicado la adquisición de fármacos oncológicos. Explicó que de los 25 medicamentos que se requerían, ya se habían adquirido 21, pero que aún faltaban 4.
Por su parte, el Insabi expuso que esta semana se distribuyeron 30,000 piezas a nivel nacional. Señaló que a través de a Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) quedará consolidado el nuevo sistema de adquisición de medicamentos y que el abasto está garantizado hasta 2024.
