La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, reveló este miércoles que se encontraron 31 contratos del gobierno mexicano con empresas vinculadas a la compañía de cibervigilancia israelí NSO Group, creadora del software de espionaje Pegasus.
La suma de estos contratos es de alrededor de mil 970 millones de pesos (un poco más de 61 millones de dólares), lo que Rodríguez consideró una “afectación a las arcas públicas”. El dinero se utilizó para la adquisición de software, hardware, bases de datos, plataformas, licencias y mantenimiento de estos equipos.
Aseguró que este ‘malware’ operó entre 2011 y 2018 en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y que fue adquirido en un primer momento por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) al Grupo Tech Bull, que era el distribuidor de la empresa israelí.
“No obstante, para sus transacciones, la empresa israelí usó otras compañías fachada, llevando a cabo así una simulación de contratos relacionados con el software Pegasus en diferentes instancias del gobierno federal por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia”, señaló.
“Esos 31 contratos involucran al gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, bajo cuya protección operaba -en el caso de Felipe Calderón- el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, que está actualmente preso en un penal en Nueva York y está reconocido por sus prácticas de espionaje; pero también, en el caso de Enrique Peña Nieto, mantuvo esta actividad ilegal durante todo su sexenio”, enfatizó Rodríguez.
Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, la funcionaria detalló que de los contratos encontrados, 16 fueron firmados por la extinta Policía Federal (PF) con dos empresas distintos: KBH Track -dirigida por el empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher- y Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale, S.A. de C.V.
En los mismos archivos se encontraron dos contratos más firmados por la Secretaría de Gobernación, en este caso con las empresas Proyecto Semilla y Artículos Textiles, Equipos y Accesorios MV. En tanto, en el Órgano Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, organismo encargado de los penales del país, se encontraron siete contratos con cuatro empresas: Comercializadora Antsua, Artículos Textiles, Equipos y Accesorios MV, BSD Security Systems y BSD London.
En el Servicio de Protección Federal fueron localizados otros dos contratos con Artículos Textiles, Equipos y Accesorios MV, mientras que en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que antes fuera el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se reportaron cuatro contratos más, de los que se tiene el registro de los pagos efectuados por la empresa Proyectos y Diseños VME.
Dijo que la información ya fue entregada a la Fiscalía General de la República (FGR) con el propósito de que se realicen las investigaciones correspondientes y se “de con los responsables de esta ilegal práctica que violó la intimidad de periodistas, políticos, luchadores sociales, empresarios, defensores de derechos, servidores públicos, legisladores”.
Aseguró que el actual gobierno tiene como premisa la “libertad y la transparencia” y que “no se espía a nadie”. “Se acabó la persecución política y el espionaje”, finalizó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a subir a internet en el transcurso del día los contratos de las empresas relacionadas con Pegasus “para que todos tengan la información”.
El pasado 21 de julio, Aristegui Noticias y Proceso dieron a conocer que el empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama operó una red global de empresas que vendió bienes y equipo de seguridad a agencias de seguridad del gobierno mexicano, incluyendo el software espía Pegasus de la compañía NSO Group.
Ansbacher Bendrama abrió una oficina en Ejército Nacional 598, en la zona de Polanco, con las siglas “KBH” en la fachada, desde donde dirigió todos sus negocios, de acuerdo con más de 20 mil documentos que fueron entregados por un extrabajador del consorcio que ha sido contratista del gobierno mexicano desde 2007, pero que tuvo una época de auge durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
A lo largo de cuatro años, esa fuente, identificada como Cazador de Cazadores, entregó a los reporteros mexicanos de Pegasus Project miles de documentos que acreditan la compra de la plataforma espía por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) y la Procuraduría General de la República (PGR), así como una serie de archivos con el registro del espionaje a un teléfono personal del excomisionado Nacional de Seguridad (CNS), Manuel Mondragón y Kalb.
Mondragón confirmó la autenticidad de toda la información que fue extraída de su dispositivo en una entrevista que concedió a la periodista Carmen Aristegui en noviembre de 2019.
Aristegui Noticias extrajo los metadatos de los archivos donde se resguardaron los datos del doctor Mondragón. En ellos se aprecia que el archivo fue creado en 2015 por Marco Suárez, uno de los empleados de la red de empresas.
En la trama, se identificaron al menos 30 empresas “fachada” constituidas en México, Panamá y Estados Unidos, así como una serie de transferencias de dinero entre compañías fachada. En este rubro destacan pagos de las compañías mexicanas a NSO Group y una transferencia adicional a las cuentas bancarias de Shalev Hulio, uno de los creadores del software espía y director ejecutivo de la compañía.
De forma paralela a la investigación periodística, El Cazador de Cazadores se convirtió en testigo de la FGR y aportó su archivo de más de 20 mil documentos a la carpeta de investigación que se inició por el espionaje con el uso de la plataforma Pegasus contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas. Además, ha declarado que está listo para presentarse ante un juez para sostener sus imputaciones.
Tras las revelaciones de Pegasus Project, NSO Group y sus principales ejecutivos se han desmarcado de todos los señalamientos de abusos cometidos con su producto.
