El presupuesto asignado este año a infraestructura hidráulica federal es el más bajo de los últimos cinco años. O sea, la “austeridad republicana” significó que millones de mexicanos pobres sigan sin agua en sus casas.
Homero Aguirre Enríquez
Escondido entre el mar de malas noticias y trivialidades gubernamentales que nos inundan a los mexicanos, se publicó hace poco un dato alarmante proporcionado por el más reciente censo del Inegi: en el México de la “4T” hay 28 millones de mexicanos que no tienen acceso al agua potable en sus domicilios, lo cual es un claro indicador de que la pobreza y la marginación avanzan imparables y no hay en marcha ninguna medida que les haga frente. Literalmente, al igual que hicieron los gobiernos neoliberales tan justamente criticados, a los pobres y marginados de México el nuevo gobierno no les ha dado “ni agua”.
Según el citado censo, en diez años todos los estados del país retrocedieron en el acceso de agua potable a sus habitantes, salvo Jalisco y Nuevo León, que avanzaron un pequeño porcentaje respecto a los datos de hace una década. Oaxaca muestra el más grave retroceso, pues se reporta una cobertura de apenas 28% de acceso al servicio de agua potable en los hogares, entendiéndose por acceso no solamente que haya tuberías en las casas, sino que las mismas conduzcan agua suficiente y apta para el uso doméstico, lo que implica sistemas enteros de captación, almacenamiento y distribución del vital líquido que requieren inversiones del Gobierno para construirlas y mantenerlas. Estos datos colocan a Oaxaca y varios otros estados de la república por debajo de los niveles de acceso a agua potable salubre que se tienen en el África Subsahariana, una de las regiones más expoliadas y pobres del mundo, donde según la ONU solo el 54% de los habitantes tienen acceso a agua potable y es una burla decirles que se laven las manos con frecuencia.
Podría objetarse que ese problema es añejo, que la culpa es “de los de antes” pero que las cosas ahora, con López Obrador, son diferentes y que todos los actuales gobernantes morenistas “no son” iguales a los de antes. Pero la verdad es que, en este y otros terrenos relativos al bienestar y a la superación de la pobreza, las cosas han empeorado con la llegada de la 4T. Lo único que ha hecho el actual gobierno es declarar y publicar un decreto donde afirma que el acceso al agua es un derecho humano. Y nada más.
Pero con verborrea y decretos no se construyen pozos, ni sistemas hidráulicos completos que desemboquen en una llave en cada casa; para dotar de agua suficiente a todos los mexicanos se requiere inversión pública asignada a los estados y municipios, así como grandes y numerosas obras financiadas por el Gobierno federal, todo lo cual brilla por su ausencia como lo pueden atestiguar millones de mexicanos que saben que en las colonias y los pueblos donde habitan no hay un solo metro de tubería adicional para dotarlos de agua desde que llegó el actual Presidente, y como también lo saben alcaldes y gobernadores que vieron desaparecer de sus presupuestos los recursos que, aunque sea a cuentagotas, se asignaban cada año en el ramo 23 del Presupuesto de Egresos. El presupuesto asignado este año a infraestructura hidráulica federal es el más bajo de los últimos cinco años. O sea, la “austeridad republicana” significó que millones de mexicanos pobres sigan sin agua en sus casas.
El problema tiene una solución, pero no está en los planes del presidente López Obrador. Según la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, la carencia de agua se resolvería asignando un presupuesto de 70 mil millones anuales durante una década (actualmente se asignan solamente 2 mil 082 millones al programa de agua potable, drenaje y tratamiento, Proagua, que subsidia hasta un 60% de los proyectos hídricos estatales, municipales y de operadores), pero tal cantidad no podrá salir nunca de los inexistentes ahorros del gobierno en el presunto combate a la corrupción, del cual se ha visto humo mediático y shows de quinta categoría, pero ninguna cantidad significativa rescatada o ahorrada del presupuesto y aplicada a resolver algún problema concreto y que beneficie a millones de personas, por ejemplo para dotar de agua o luz o drenaje a miles de comunidades.
¿Habrá alguna modificación en este terrible escenario el año entrante? ¿Se hará realidad el derecho humano al agua? La respuesta es: no. El nuevo secretario de Hacienda apenas declaró que el presupuesto para el año entrante seguirá destinando dinero a entregar tarjetas y apoyando programas que ya se vio que no sacan a la gente de la pobreza, y no habrá una nueva política fiscal que incremente los ingresos del gobierno federal. No se molestará con más impuestos a los multimillonarios que anualmente amasan fortunas, aunque es sabido que, si les aplicara un impuesto progresivo, no dejarían de ser inmensamente ricos y los ingresos captados alcanzarían para que ningún mexicano padeciera falta de servicios ni vivienda digna.
Aunque una nueva política fiscal, que grave con impuestos a las grandes fortunas, sea una recomendación de organismos respetables y nada sospechosos de izquierdistas, como la Oxfam y otros, no la veremos en el gobierno de López Obrador, que seguirá con sus prédicas de gobernar de palabra para los pobres, mientras estos siguen igualmente sufrientes, sin agua potable y servicios públicos, en viviendas miserables, sin ingresos suficientes para comer y a expensas de la delincuencia y la enfermedad. Es el pueblo de México, organizado y bien dirigido, quien puede y debe lograr que algún día todos los mexicanos tengamos un país donde todos tengamos agua potable y una vida digna en todos sentidos.
