El desmantelamiento de los programas orientados a los niños y niñas menores de seis años y la reducción del presupuesto para este grupo, aunado a las crisis sanitaria y económica por el Covid-19, agudizaron la pobreza en este sector de la población, durante los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según un análisis de la organización Pacto por la Primera Infancia.
De acuerdo con la Medición de la Pobreza Multidimensional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 43.9% de la población mexicana vive en situación pobreza, la cual incrementa para los niños y niñas menores de seis años: uno de cada dos son pobres.
La organización elaboró un ranking, a partir de los datos del Consejo, donde se identificó que la brecha de pobreza entre la población general (43.9%) y la de la Primera Infancia (54.3%) es de 10 puntos porcentuales.
“Es una de las grandes tragedias, en estas condiciones estamos condenando a toda una generación a vivir en condiciones de vulnerabilidad y de pobreza”, comentó a Expansión Política Alberto Sotomayor, Coordinador de Investigación del Pacto por la Primera Infancia.
El especialista señala que hay tres grandes variables por las que se llegó a esta situación, la primera es de carácter externo: la epidemia de Covid-19 afectó el crecimiento económico del país y generó un impacto negativo en el ingreso de las familias.
Las otras dos son de carácter doméstico, como la reducción de aproximadamente 30% del presupuesto para los menores de seis años (más de 30,000 millones de pesos) y la desaparición de los programas sociales orientados a la Primera Infancia como Prospera; el Seguro Popular en su componente Siglo XXI, que ofrecía cobertura total a niñas y niños menores de cinco años de edad, y el de las estancias infantiles.
“Si bien es cierto que en algunos casos vinieron a sustituirse por otra oferta programática, en cuanto a calidad y cobertura no logran articular de manera adecuada”, señaló Sotomayor, al explicar que esos programas antes estaban focalizados.
El investigador detalló que actualmente son pocas las intervenciones que tienen este carácter focalizado para la Primera Infancia, uno de ellos es la expansión a la educación inicial, que es un programa que está a cargo de la SEP y busca ampliar la cobertura de manera progresiva, a partir de la reforma educativa de 2019. En éste se establece que la educación es obligatoria para este sector, pero en los últimos años no se ha visto una asignación de recursos mayor para la cobertura.
El otro programa es el del apoyo de hijos e hijas a madres trabajadoras, que sustituyó al de estancias infantiles, el cual desapareció en esta administración. No obstante, advierten que al no estar condicionado, los recursos no están focalizados a poder garantizar el cuidado adecuado de los niños pequeños.
El investigador explicó que el nivel de cobertura es bastante limitado: “Estamos hablando de cerca del 6% de la población potencial que pudiera ser objetivo del programa es atendida por el programa”, señaló.
Este programa consiste en entregar un apoyo económico a madres y padres solos o tutores que tengan bajo su cuidado a menores de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años. En el caso de los niños con discapacidad, el apoyo será entregado a los menores de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 6 años.
Aunque el coordinador de Investigación de la organización reconoció que tampoco se resolvió el problema en administraciones pasadas, expuso que el hecho de que haya aumentado la pobreza en lugar de reducirse es un mal síntoma, por lo que pidió revertir la situación de cara a la discusión del Presupuesto 2022.
“Estamos hablando que en 20 de 32 entidades se deterioró la pobreza infantil, y en el caso de pobreza extrema en 26 de las 32. Es una mancha que cada vez va ocupando más el territorio del país, hay una expansión muy importante”, añadió.
