Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de otras instituciones pidieron un alto a la “represión política” que emprendió el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de científicos e investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
En un desplegado, expresaron su rechazo a las acusaciones por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada que se les busca imputar a 31 exfuncionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).
Recordaron que dentro de la acusación se encuentran científicos de gran prestigio nacional e internacional, miembros de diversas instituciones educativas públicas, de varios centros de investigación y empleados públicos.
“Para los abajo firmantes, estas injustas acusaciones contra miembros de la colectividad académica, entre los cuales se encuentran nuestros colegas la Dra. Julia Tagüeña Parga y el Dr. José Franco López quienes encabezaron el Foro Consultivo y el Dr. Enrique Cabrero, quien fue Director General del CONACyT, son inaceptables”, expusieron.
Los docentes exigieron atender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN) quien determinó que fue legal que el Conacyt hubiera otorgado recursos públicos al Foro Consultivo para su operación desde el 2002 hasta el cambio del Estatuto Orgánico del CONACyT en 2020.
“Exigimos el desistimiento de las solicitudes de órdenes de aprehensión sin fundamentos (…) manifestamos nuestro rechazo a estas acciones
de represión y convocamos a la comunidad académica a unirse a esta demanda solidaria”, concluyeron.
Este mismo día, la FGR anunció que volverá a solicitar la orden de aprehensión contra diversos exfuncionarios del Conacyt, a quienes acusa de delitos patrimoniales, pese a que un juez de distrito negó el recurso en dos ocasiones previas.
A través de un comunicado, la FGR indicó que no acepta la resolución del juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal ubicado en Almoloya, Estado de México, quien emitió la negativa al indicar que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon con recursos públicos los servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella no constituye un hecho delictivo.
