Así de que aceptando sin conceder que no se les cobraran impuestos en lo inmediato, es evidente que se está preparando a los jóvenes para, con base en ellos, aumentar “la base tributaria”. No nos dejemos engañar, no se trata de una simple credencial.
Adriana Argudín Palavicini
El pasado 8 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hizo entrega del Paquete Económico 2022 al Poder Legislativo. Como sabemos, dicho paquete contiene la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y la miscelánea fiscal, es decir, cuánto dinero requiere la Federación y de dónde lo va a obtener, en qué rubros y cuánto se va a gastar y, finalmente, las reglas que dictan las autoridades fiscales en materia de impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, que es lo que contiene la miscelánea fiscal. La ley de ingresos deberá ser aprobada a más tardar el 31 de octubre (primero por la Cámara de diputados y después por la de senadores), fecha en que inicia la discusión del presupuesto de egresos (solo por los diputados), mismo que deberá ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre.
Dentro de la miscelánea fiscal 2022, se propone adicionar un párrafo al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF) para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda cumplir su próxima misión: la cultura tributaria, que consiste ni más ni menos en hacer que los jóvenes que lleguen a la mayoría de edad se den de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) aunque no estén trabajando y, por tanto, no estén percibiendo un salario, quienes no se registren podrán ser sancionados con multa que va de los tres mil 800 a los 11 mil 600 pesos, según el artículo 80 del CFF, aunque la jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, diga lo contrario. Si el principal objetivo fiscal de darse de alta en el RFC es el pago de impuestos, ¿qué se pretende entonces con la obligatoriedad de hacerlo aun sin percibir ingresos?
Veamos cuál es la versión oficial. En su reciente comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la cámara de diputados, precisamente para analizar la miscelánea fiscal, Raquel Buenrostro Sánchez, aseguró que todos los mayores de 18 años se van a registrar pero que “van a ser sujetos no obligados… No tienen que presentar declaraciones, no tienen que hacer avisos, no tienen que saber hacer absolutamente nada. La obligatoriedad tiene dos objetivos muy concretos, la primera el cambio de cultura fiscal…, la otra razón es una medida preventiva contra las factureras… que escogen jovencitos de 19 años, de 18 años y de repente es una empresa que se dio de alta en una notaría, el socio factura mil millones de pesos… se localiza a la persona y realmente es un robo de identidad…” (UnoTV, 7 de octubre de 2021). En síntesis, los dos objetivos son el cambio de cultura fiscal y evitar el robo de identidad.
Según datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), en la primera mitad de este año existían cerca de 30.7 millones de mexicanos con RFC, con la medida propuesta por la autoridad fiscal, a finales del año próximo, esa cantidad llegaría a los 83.5 millones de contribuyentes, es decir, 52.7 millones más entre los 18 y los 65 años de edad. A pesar del incremento en el número de contribuyentes, señala el mismo Centro, “no representaría un incremento en la recaudación, pues el objetivo en el corto plazo es de carácter administrativo, dado que busca impulsar la cultura tributaria”.
Sea o no por las razones que aduce la jefa del SAT, lo cierto es que existen miles de jóvenes que trabajan para poder pagar sus estudios y medio mantenerse y muchos más que sin contar con dicha posibilidad y, por tanto, con nulos conocimientos ni experiencia para conseguir un empleo medianamente remunerado, tendrán ahora que pagar impuestos. De acuerdo con datos para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, existen actualmente en México 2 millones 307 mil jóvenes sólo de 18 años, que ahora tendrán que tramitar su RFC. La autoridad fiscal sabe bien, o debiera saber, quiénes son las grandes empresas que ganan miles de millones de pesos y que son campeonas en evasión de impuestos, ¿por qué, entonces, irse contra los más débiles?
Ya lo dijo con toda claridad John A. Hobson en su Estudio del Imperialismo publicado en 1902: “… donde más claramente se percibe el sentido de las finanzas imperialistas no es al nivel del gasto, sino de los impuestos. Los propósitos de los grupos económicos que utilizan las arcas estatales para su beneficio privado se malograrían si fueran ellos mismos los que tuvieran que aportar primero el dinero necesario para llenar esas arcas. Por ello, la política natural de autodefensa de esos grupos será evitar que el peso de los impuestos caiga sobre sus hombros y procurar cargarlo a las espaldas de otras clases sociales o de las futuras generaciones.” (Obra cit., Capitán Swing Libros, pág. 113). Así de que aceptando sin conceder que no se les cobraran impuestos en lo inmediato, es evidente que se está preparando a los jóvenes para, con base en ellos, aumentar “la base tributaria”. No nos dejemos engañar, no se trata de una simple credencial.
