Se declaró como inconstitucional la figura de prisión preventiva oficiosa para los delitos de defraudación fiscal y para sancionar a los factureros, al considerar que la norma impulsada por Morena y aprobada por el Congreso viola el estándar de los derechos humanos y no se puede encuadrar en asuntos de seguridad nacional.
Basta recordar que esta ley fue presumida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en las conferencias mañaneras como parte del combate a los delitos fiscales.
No obstante, la SCJN declaró este lunes la invalidez de las modificaciones legales que se hicieron en 2019.
Por mayoría de 8 votos, los ministros del pleno declararon que el decreto publicado el 8 de noviembre del 2019 contraviene la Constitución Política, por lo que representa un exceso calificar este tipo de delitos como amenazas contra la seguridad nacional.
Este decreto reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, en materia de declaración fiscal y comprobantes fiscales apócrifos.
La Corte analizó el caso luego de la controversia por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y una minoría de integrantes de Senadores.
