Casi 152 millones de pesos han sido otorgados a empresas fantasma en 2021, a través de ocho instituciones de gobierno: siete federales y un gobierno estatal.
Según el listado del SAT, un total de 12,631 compañías están en la mira por llevar a cabo operaciones presuntamente inexistentes.
A pesar de que esta información está disponible para todas las Unidades Compradoras, según la información del sistema de Compranet, en lo que va del año, 9 empresas recibieron contratos a pesar de simular operaciones.
Instituciones involucradas
El único gobierno estatal que ha celebrado contratos con este tipo de compañías fue el gobierno del estado de Chihuahua que adjudicó un contrato de $165,952 para servicios de fotocopias y tóner.
Del resto, todas las instituciones que celebraron contratos son del gobierno federal. Las tres que más dinero gastaron fueron la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu), la de la Defensa Nacional (Sedena) y la de Comunicaciones y Transportes (SCT). Sedatu fue la que más gastó, pues otorgó un contrato de más de 126 millones de pesos para la renovación del centro histórico de Tultepec.
La Sedena fue la segunda, con un contrato de más de 15 millones de pesos para servicios de fletes y trámites aduanales con Estados Unidos y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con 3 contratos que ascienden a los 9 millones en conservaciones de vialidades.
Empresas
Las ocho empresas que simulan operaciones recibieron un total de 11 contratos en total. Todas ellas tienen sentencias definitivas de que están simulando operaciones y/o emitiendo facturas sin tener la capacidad de otorgar el servicio o los materiales que prometen.
Lo que más resalta de estas empresas es que más de la mitad de ellas fueron fichadas hace mucho tiempo; no es un tema reciente.
Por ejemplo, Asesors Consultores Gluck, SA de CV, quienes recibieron 138, 930 pesos del IMSS, fue señalada como presunta empresa fantasma desde el 1 de octubre de 2016.
También es el caso de Actitud Positiva en Toner, señalada en 2016; Galbin Seguridad Privada en 2016; Obras y Caminos BO en 2017; Enterprise Source Capital de México en 2018; y finalmente Inko Impresores en 2018.
Las Unidades Compradoras y las dependencias que celebren los contratos tienen que tener información actualizada de quiénes pueden o no participar en contrataciones públicas para el gobierno federal. De lo contrario, se siguen gastando millones de pesos en empresas que simulan sus operaciones.
