De acuerdo con un informe de la organización civil Signos Vitales, en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han aprobado distintas leyes que, en conjunto, violan al menos 25 derechos constitucionales y convencionales como los derechos a la propiedad privada, la seguridad, la certeza jurídica y el debido proceso, entre otros.
En un informe titulado “Derechos Humanos en México. Balance negativo”, la agrupación advirtió también que la presente administración ha hecho un esfuerzo sistemático para debilitar los contrapesos institucionales, así como para destruir capacidades del gobierno y desaparecer a los organismos que podrían y debían brindar equilibrios que toda democracia debe tener y que son imprescindibles para el desarrollo, así como la observancia y el fortalecimiento de los derechos humanos.
Entre las leyes que son violatorias de las garantías individuales destacan La Ley Nacional de Extinción de Dominio, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional Sobre el Registro de Detenciones, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, así como la reforma al artículo 19 de la Constitución.
En su documento, se destaca que un ejemplo de las violaciones a los derechos humanos es que cuatro de cada diez personas en reclusión, están privadas de su libertad sin que se les haya dictado sentencia o sin que se les hayan acreditado los delitos que se les imputan. De las 108 mil 102 personas que se encontraban en prisión hasta el cierre de 2019, un total de 63 mil 726 se les mantenía sin sentencia. Con ello, apunta, se vulneran su derecho al debido proceso.
En otro apartado de su informe, Signos Vitales subraya que las obras de infraestructura más emblemáticas del actual gobierno se han caracterizado por estar plagadas de denuncias de distinta índole, que van desde los aspectos ambiental, económico y presupuestal, hasta lo humanitario y laboral.
En la construcción del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Refinería de Dos Bocas, se han interpuesto quejas por parte de los trabajadores y sus sindicatos, quienes reclaman el respeto a sus derechos laborales y su seguridad en el trabajo. Otras denuncias, tienen que ver con afectaciones a los derechos de la población de las comunidades aledañas a las obras.
En el caso del Tren Maya, por ejemplo, se han identificado al menos 2 mil 994 predios con una o más viviendas en cada uno, con un aproximado de 3 mil 286 hogares sobre el derecho de vía actual.
“El proyecto desplazará estos hogares y la falta de transparencia es una constante en cuanto a la reubicación de esta población, a pesar de que en 2022 se tienen asignados 2 mil 176.3 millones de pesos para el programa de adquisiciones”, se lee en el reporte.
En otro punto de su informe, Signos Vitales advierte que las recientes reformas en materia eléctrica enviadas por el Ejecutivo Federal para darle mayores beneficios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el resto de los participantes en la industria, afecta el derecho a la certeza jurídica de otros inversionistas.
“Estas modificaciones se intentan llevar a cabo a pesar de las enormes inversiones realizadas por privados en el mercado eléctrico mexicano, lo que reduce la confianza de los inversionistas en el mercado mexicano y viola la certeza jurídica al aplicar la ley de manera retroactiva”, expuso.
