El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) acordó, por unanimidad, interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del acuerdo que determina obras de infraestructura del gobierno federal como asuntos de seguridad nacional.
Durante la sesión ordinaria del pleno, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, expresó que el acuerdo presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de este año, “se traduce en un obstáculo a la aplicación del principio de máxima publicidad”.
A su criterio, “dificulta la difusión y entrega de información relacionada con proyectos de infraestructura, sin que abra la posibilidad de realizar una valoración caso por caso, lo cual está relacionado de manera directa con el ámbito de competencia del INAI”, expresó.
La comisionada Ibarra recordó que el artículo sexto constitucional dispone que toda la información en posesión de cualquier sujeto obligado es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, pero sólo en los términos que rigen las leyes.
Explicó que, al consultar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que su artículo 108 prevé que “los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general y particular que clasifiquen documentos o información como reservada, sino que la clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos como información clasificada”.
“En ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información, y la clasificación de la información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño”, recalcó la comisionada presidenta del INAI.
En este sentido, afirmó que el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador “se aleja del régimen constitucional, pues da lugar a que toda información de las obras de infraestructura de los sectores antes precisados, tenga el carácter de reservada de manera general previa y dogmática”.
Por su parte, el comisionado Francisco Javier Acuña aclaró que, impugnar el acuerdo ante la Suprema Corte no significa que están “controvirtiendo la faceta de autoridad que tiene el jefe del Ejecutivo Federal como jefe del Estado mexicano”.
“Enderezamos una controversia constitucional porque como autoridades que somos, a nivel constitucionalmente reconocidas, encontramos riesgo inminente y evidencias en la interpretación directa e indirecta de este acto de autoridad del Ejecutivo Federal”, sostuvo Acuña.
