La versión pública del informe de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) reveló que el Gobierno de Nayarit, encabezado en ese entonces por Roberto Sandoval, trabajó entre 2011 y 2016, de forma directa, para el Cártel de los Beltrán Leyva con el que posteriormente rompió para apoyar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Al publicar el informe, la Comisión enfatizó que parte de la estructura criminal establecida aún seguía sus operaciones en 2021.
El documento detalla que la red de operaciones inició en 2009 apoyado por: Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit y exedil de Tepic, y Édgar Veytia, exfiscal del estado.
En 2011 el grupo se consolida cuando Sandoval queda al frente del gobierno estatal y Veytia inicia sus acciones como fiscal.
Aunque en 2017 sufrió una reestructura, siguiendo sus operaciones pese a la detención de Veytia y el fin del mandato de Sandoval.
De acuerdo con el informe, Sandoval y Veytia pactaron con el Cártel de los Beltrán Leyva para apoyarlos de 2011-2016, pero la alianza se rompe cuando venden la plaza al CJNG. Indica que tras dejar de apoyar a sus aliados en 2017, confirman a Marina la localización de sus principales líderes.
Desatando un operativo que incluyó la operación de un helicóptero en la capital de Nayarit y en el que el H2 fue abatido.
Se detalla que el Gobierno de los Estados Unidos vincula directamente a Sandoval con el CJNG. Y en 2020, autoridades estadounidenses acusaron al exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, de asistir al H2 aunque, posteriormente, retiraron la acusación y lo liberaron.
Además, se indica que se detectó que, en 2017, personal de la Fiscalía General del Estado de Nayarit reclutaba a jóvenes para el CJNG y ya operaba para él.
En 2018 inicia una disputa por el control del territorio entre grupos criminales que, aún no termina pues se observa un incremento en el número de homicidios considerable entre 2018 y 2021.
La Comisión indicó que el incremento en el número de desapariciones y homicidios entre 2021 muestra que aunque la organización creada por ambos funcionarios se mantiene con bajo perfil, continuaba, funcionando.
La revelación de los datos, según la CNB, resulta fundamental pues consideró que una de las claves para localizar a personas desaparecidas es conocer el contexto criminal en que ocurrieron.
Adelantaron que, de acuerdo con las investigaciones, cuando la organización se consolidó, policías o jueces eran los encargados de diversas operaciones criminales como ejecuciones, desapariciones, torturas o amenaza, así como la creación de delitos con los que realizaban detenciones arbitrarias, generalmente, contra adversarios.
Además se relaciona parte del empresariado del estado quienes, de acuerdo con las investigaciones, habrían apoyado al gobierno estatal con la finalidad de no perder privilegios y no ser agredidos.
