Ha validado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe ajustar su presupuesto designado para este año para realizar el ejercicio de revocación de mandato, por lo que otorgó la suspensión que el propio Instituto solicitó para llevar a cabo este ejercicio acorde con el presupuesto que tiene, el cual es de cerca de mil 500 millones de pesos.
Con ello y tras modificarse las medidas cautelares de la controversia, el árbitro comicial podrá instalar, entre otros, menos casillas de las que se establecen en la ley, sin que ello genere alguna responsabilidad penal o administrativa.
Y es que una vez dada esta luz verde, la autoridad electoral no alcanzará a instalar las 161 mil casillas, debido a que el capital que tiene no le alcanza para ello.
La resolución del máximo tribunal del país pide que el INE “lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado”.
Dicha modificación se da después de que el INE presentó nuevos hechos relacionados con su denuncia inicial, entre ellos, la denuncia penal promovida por Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, contra los consejeros electorales, quienes anunciaron su propósito original de retrasar este plebiscito, intención de la que días más tarde recularon.
Previamente, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, explicó que tras varios ajustes la revocación de mandato pasará de costar 3 mil 800 millones de pesos a 3 mil 300 millones.
