La organización Artículo 19 condenó el uso ilegítimo del poder público por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que exhibió en su conferencia matutina los supuestos ingresos y datos personales de Carlos Loret de Mola “en un periodo donde la violencia letal contra la prensa continúa en aumento” y le exigió cesar con todo discurso estigmatizante.
“Artículo 19 exige a Andrés Manuel López Obrador cesar de manera urgente todo discurso estigmatizante contra la prensa en México, así como abstenerse de mayores acciones que contravengan los estándares internacionales de libertad de expresión, la normativa mexicana y que vulneren la privacidad y datos personales de periodistas”, dijo la organización en una carta pública.
“El presidente denostó, agredió y criminalizó a Carlos Loret de Mola, ‘al definirlo como mercenario, golpeador, corrupto, en el sentido estricto, ni siquiera periodista’. López Obradoracusó al periodista de no tener autoridad moral para cuestionarlo, dado que no es público lo que él gana. Indicó que tenía información sobre los ingresos de Loret de Mola“, dice la carta.
“Me entregaron un informe. Nada más voy a solicitarle, para darle trabajo también, al Instituto de la Transparencia, que cobran y no hacen mucho que digamos, porque fueron de estos aparatos que crearon para simular de que se combatía la corrupción, ya saben que yo tengo diferencias también con ellos ¿no?, pero formalmente les voy a pedir que soliciten al SAT, a Hacienda, para que me certifiquen los datos”, dijo el presidente durante la conferencia.
Al terminar de presentar la información, indica la organización, el presidente López Obrador volvió a estigmatizar a Loret de Mola al comparar su sueldo con los supuestos datos expuestos del periodista: “Pero miren cuánto gano yo, bruto anual, […] ¿Ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos, muy inteligente, un buen escritor? No, es por golpeador”, dijo el mandatario.
Artículo 19 indicó que tras estos hechos, el periodista se vio forzado a responder, a desmentir los números, y además indicó que considera esto como una represalia por sus investigaciones sobre las casas de Houston del hijo del presidente.
“Lo que vimos hoy cruzó la frontera, sin empacho, este aspirante a dictador, ordena a Hacienda que me revise, delante de todos, frente a las cámaras, cometiendo varios delitos como si nada y todo porque no puede explicar la riqueza de su propio hijo”, dijo Loret el pasado viernes.
“Nada de esto estaría pasando si no hubiéramos revelado las casonas de Houston; o los videos de sus dos hermanos, Pío y Martinazo, recibiendo dinero clandestinamente y diciendo que era para Andrés Manuel; o de su secretario particular y su oficial mayor haciendo lo mismo; y los contratos de la prima Felipa; las casas de Bartlett; las empresas fantasma de Santa Lucía”, enlistó el periodista en referencia a lo publicado en Latinus durante los últimos dos años.
“En un periodo donde la violencia letal contra la prensa continúa en aumento, corresponde al ejecutivo federal entablar un discurso que condene la violencia y no que estigmatice y vulnere a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión“, dijo Artículo 19.
La organización expresó su preocupación ya que, al exponer los presuntos ingresos de Carlos Loret de Mola, “las acciones del presidente transgreden la esfera jurídica de la privacidad, exponen presuntos datos personales, estigmatizan la labor periodística y violentan estándares internacionales de libertad de expresión”.
Artículo 19 detalló que la exposición de datos fiscales de sujetos particulares es contrario a diversas disposiciones en el marco normativo mexicano, ya que el Artículo 16 de la Constitución señala que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Y en el segundo párrafo reconoce que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales“.
Indicaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador incurrió en una falta administrativa grave, debido a que llevó a cabo un abuso en sus funciones como servidor público, pues de conformidad con el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas “Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público”.
“De igual forma, al sugerir que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) solicite al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que certifiquen los datos publicados en su conferencia matutina, el ejecutivo federal podría incurrir en una violación a las leyes fiscales”, dijo la organización.
Artículo 19 ha señalado también que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del amparo en revisión 699/2011 sobre la constitucionalidad del secreto fiscal, ha señalado que “no deben considerarse de interés público los casos en los que la información no tenga relevancia para evaluar la actuación del gobierno en algún tema o únicamente tienda a satisfacer la curiosidad de las personas sobre aquellos afectados con la divulgación de los datos“.
“Así, violentar la privacidad de Carlos Loret de Mola es una violación a la protección de sus datos personales, pues no es un asunto de interés público el conocer los ingresos que perciben los sujetos privados, como lo son las y los periodistas. En el presente caso, el presidente no ha señalado la posible existencia de actos ilícitos o vínculos a personas funcionarias públicas que justifiquen la exposición de la información fiscal del periodista, por lo que se traduce en un acto intimidatorio contra un periodista crítico al gobierno”, dice la carta pública de la organización.
“Este acto sienta un nocivo precedente en materia de protección de datos personales, puesto que el presidente ha demostrado que es capaz de exponer datos de la ciudadanía cuando los considera adversarios u oponentes (…) En un país donde se agrede a la prensa cada 14 horas, y donde en tan sólo seis semanas han asesinado a cinco periodistas, no corresponde al ejecutivo federal fungir como juez público de la labor de los medios de comunicación“, sentenció la organización.
