En la revisión de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encontró irregularidades por más de 30,000 millones de pesos en los recursos que el gobierno le otorga a los estados y municipios para la educación, salud, infraestructura, seguridad y fortalecimiento financiero.
Esa suma fue objeto de toda clase de observaciones sobre malas prácticas de los estados y municipios y, principalmente, de un manejo ineficiente de los recursos otorgados por el gobierno federal por parte de los gobiernos estatales.
El 91.7% de ese monto, es decir, 21,190 millones de pesos, tienen solicitudes de aclaración por parte de la ASF.
El estado con el monto de irregularidades más pequeño es Aguascalientes con poco más de 9,000,000 de pesos mientras que el mayor es la Ciudad de México con un total de 7,288 millones.
Nueve estados tienen que aclarar más de mil millones de pesos: la Ciudad de México, Oaxaca, Nayarit, Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas y Baja California.
Salud
En cuanto a salud, las irregularidades que destacaron fueron procesos de licitación, adjudicación de medicamentos y material de curación fuera de acuerdos firmados y la reintegración de recursos comprados fuera de tiempo a la TESOFE.
Las entidades con los mayores montos observados en temas de salud fueron Oaxaca y Puebla con 76.9 y 7.2 millones respectivamente. Dichas entidades en conjunto representan el 72.5% del monto total por aclarar.
En el fondo de salud se descubrió el pago de plazas no autorizadas, recursos o rendimientos financieros no devengados, e incluso hubo quienes se hicieron gratificaciones de fin de año no autorizadas.
Seguridad
En materia de seguridad, la revisión de la Cuenta Pública identificó que en el uso del Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública (FORTASEG), los estados y municipios incurrieron en pago de bienes con precios superiores a los contratados, pago de volúmenes en exceso en las obras y adquisiciones, así como pago de conceptos que no se encuentran autorizados, según las observaciones más comunes.
El monto por aclarar en ese rubro, es de 174.1 millones de pesos, de los cuales destacan los estados de Tamaulipas, Guerrero y Jalisco, con montos por aclarar de 107.1 millones, 15.0 millones y 13.0 millones, respectivamente. Por el contrario, los entes con menor monto por aclarar fueron Chiapas y Yucatán.
Infraestructura
En materia de infraestructura, las entidades federativas pagaron con recursos del fondo obras terminadas que no se encuentran en operación, realizaron pagos de obras que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas, e incluso se comprobó que hubo obras pagadas que no fueron realizadas o que se hicieron con mala calidad.
En los estados aparece que tienen que declarar montos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. De este dinero la ASF determinó 464.2 millones de pesos por aclarar, siendo San Luis Potosí (162 millones), Veracruz (120), y Chiapas (46), los más observados.
Cambio de gobierno = ¿impunidad?
Diez estados tienen que aclarar más de mil millones de pesos, estos incluyen a la Ciudad de México, Oaxaca, Nayarit, Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California y Tlaxcala. El 87% de los gastos con más irregularidades se encuentran tan solo en estas entidades.
Y lo más preocupante es que Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarita y Tlaxcala tuvieron elecciones en junio de 2021. Lo que quiere decir que las sanciones quedan pendientes a exgobernadores y exfuncionarios municipales.
