La pandemia de Covid-19 agravó la migración de campesinos del empobrecido estado de Guerrero hacia el centro y norte del país para trabajar de jornaleros, un fenómeno social que antes era de temporada y ahora se ha vuelto casi permanente, dejando prácticamente vacías comunidades rurales de la región.
En sus lugares de destino, los jornaleros —en su mayoría indígenas— pasan cada vez más penurias mientras buscan prosperar en regiones alejadas de su tierra natal.
Su situación no es mejor que en los campos de cosecha de sus pueblos, pero se ven empujados a viajar por falta de recursos económicos en las comunidades de Guerrero y de apoyos federales, según denuncian.
“Nos tratan como animales y no como personas valiosas”, dijo a Efe un jornalero que prefirió guardar el anonimato por seguridad.
Al aceptar trabajar en alguno de los campos, las familias son sometidas a reglas estrictas que en caso de romperlas pueden costarles el despido.
Y además deben de pagar unos mil 200 pesos (cerca de 60 dólares) o más para el transporte desde sus lugares de origen.
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Por teléfono, el hombre, de 53 años, explicó que se encuentra desde hace unos meses laborando entre los estados de Sonora y de Guanajuato.
Denunció incluso haber sido multado con unos 200 pesos (uno 10 dólares) por sus patrones si sale sin permiso de los campos, siendo despedido sin motivo de algunos empleos en los que ha trabajado a lo largo de casi un lustro.
Pero el principal reproche de este hombre es para los gobernantes locales y estatales, así como por los organismos de derechos humanos, alegando que no se “interesan” por su situación.
Cifras al alza
De acuerdo con los registros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, antes del coronavirus la temporada anual de exportación de mano de obra era de septiembre a enero y sumaba a entre siete y ocho mil personas de todas las edades.
Para 2020, según sus recuentos, la cifra se disparó arriba de los 15 mil indígenas que emigraban por trabajo.
Y la tendencia se ha mantenido, pues en 2021 el número fue de 14 mil 732 campesinos que salieron de la región de la Montaña de Guerrero, eminentemente indígena.
Solamente el primer trimestre de 2022 ya han migrado casi mil 200.
El fenómeno migratorio en Guerrero afecta a familias completas pues además de hombres y mujeres en edad adulta en el lapso se han contabilizado cinco mil 835 menores de edad, desde recién nacidos hasta los 17 años.
Algunos de ellos, especialmente los adolescentes, terminan trabajando en el campo.
Se estima que el número de indígenas que abandona podría ser mucho mayor, pues no todos los campesinos notifican que salen de la región.
En declaraciones a Efe, el responsable del área de Migración del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Paulino Rodríguez, consideró que hay una evidente crisis migratoria.
Sin embargo, dijo que la pandemia solo empeoró y evidenció la falta de atención y abandono que por años existe en las comunidades indígenas y que han provocado el éxodo.
Sostuvo que la afectación a las familias es integral porque los menores que tienen que emigrar con sus padres pierden sus estudios, pues al regresar muchas veces deben retomar las clases sin que se les tome en cuenta lo que aprendieron en el lugar de destino.
Durante la ausencia de los migrantes, los pueblos de la montaña prácticamente se convierten en fantasmas pues únicamente permanecen las autoridades y las personas de la tercera edad.
Y el defensor de derechos humanos detalló que hay jornaleros que buscan permanecer en otros estados casi todo el año -principalmente en temporada de sequías- porque las comunidades sufren al no contar con el servicio público de agua ni, en ocasiones, de alumbrado.
Salarios muy bajos y penurias
En el campo, detalló el jornalero de 53 años, ellos mismos se hacen cargo de sus gastos médicos y alimentación.
Indicó que las jornadas laborales llegan a ser de hasta 10 horas y por cada una ganan 25 pesos (1.2 dólares) en promedio, aunque en algunos campos les pagan más.
En otros casos, ganan por caja recolectada. Pero, incluso en esto hay limitaciones. Si se supera el máximo permitido, pueden ser penalizados con un día sin trabajar.
Los contratos son de tres a ocho meses. “Depende de cómo te portes”, dijo el hombre, temeroso de recibir represalias de sus jefes.
El jornalero contó que durante la temporada de lluvias “sufren demasiado” porque incluso con tormentas siguen con las cosechas sin descanso, y si faltan un día los castigan otros dos.
“Hasta me dan ganas de llorar por la gente. Nos la pasamos lloviendo y trabajando y no hay descanso”, lamentó el hombre, antes de pedir una vez más apoyo de las autoridades.
Con información de EFE.
