Un día después de la celebración del primer referendo revocatorio de México algunos expertos temen retrocesos en materia electoral por la vuelta a algunos vicios del pasado y porque tanto el presidente como su partido anunciaron que el siguiente paso sería reformar la ley electoral y reconfigurar el organismo que controla las votaciones.
En México el Instituto Nacional Electoral (INE) suele ser reconocido por su buen desempeño en la realización de comicios, pero Andrés Manuel López Obrador lleva años criticándolo y tachando a sus consejeros de corruptos, acusaciones que el INE siempre ha negado.
Ahora, paradójicamente, tanto el presidente como la autoridad electoral consideraron la consulta un éxito, aunque por diferentes motivos.
López Obrador se mostró exultante el lunes, igual que Morena, aunque el domingo la abstención superó el 80% —y por tanto el referendo no será vinculante—, pese a que los partidos de oposición descalificaron por completo el ejercicio y a pesar de las muchas quejas y denuncias por prácticas irregulares.
“Fue un éxito completo”, dijo. “Ahora estamos en una etapa nueva, no sólo de democracia representativa, sino de democracia participativa”.
El mandatario agradeció los apoyos estado por estado y se jactó del gran número de ciudadanos que votaron para que continuara en el cargo, más de 15 millones, una cifra no desdeñable porque suponen más personas que las que votaron por el principal líder opositor en las presidenciales de 2018.
Eso, agregó, a pesar de las “trampas o boicot” del INE, una institución que confía en reformar con una nueva ley electoral. Ésta todavía no ha sido presentada y al implicar cambios constitucionales necesitaría una mayoría cualificada que parece difícil de conseguir, sin embargo, algunos sectores temen que el gobierno avance en cambios que supongan retrocesos democráticos y ponen como ejemplo como un derecho legítimo y positivo, como es un referendo revocatorio, que fue utilizado al servicio del gobierno, como sucede en gobiernos populistas, y no por que la ciudadanía hubiera perdido la confianza en el presidente, que mantenía una popularidad del 60%.
La consulta del domingo avivó la disputa entre López Obrador y el Instituto porque el INE, al ver reducido su presupuesto, dijo que no tenía el dinero suficiente para llevarla a cabo. El caso llegó a la Suprema Corte, la cual ordenó efectuar el referendo, aunque al final se hizo con menos de la mitad de lo presupuestado y colocando un tercio de las mesas de votación.
El INE “hizo todo para evitar la participación del pueblo” denunciaron los gobernadores de Morena en un comunicado, pero los miembros del Instituto negaron el lunes en conferencia de prensa que hubiera ningún boicot, subrayaron que votó todo aquel que quiso hacerlo y que la jornada fue un éxito “a pesar de conductas ilícitas e irresponsables”, dijo su presidente, Lorenzo Córdova.
Según Clara Jusidman, fundadora de la ONG Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, “se violaron muchas reglas que se habían desarrollado para evitar el clientelismo, la intervención de los gobiernos en el proceso y el uso de fondos públicos para promoverlo”.
Todas estas prácticas son reminiscencia de las utilizadas por el Partido Revolucionario Institucional durante las siete décadas que gobernó de forma continua y que terminaron en el año 2000. Por eso, Jusidman consideró la consulta un “retroceso muy triste para quienes hemos luchado al menos treinta años para que se reconozcan y respeten los derechos políticos en México”.
“Fue un gasto inútil y se volvió a prácticas de cuotas de votos (sufragios que los mandatarios locales se comprometía a obtener) impuestas a los gobernantes de Morena, como lo hacía el PRI antes de los años 90”, añadió.
Sin embargo, para la mayoría de los académicos el INE fue “el gran ganador”, en palabras de Luis Miguel Pérez Juárez, experto en Democracia y Transición de la universidad privada Instituto Tecnológico de Monterrey, porque pudo organizarla con éxito y en poco tiempo. No obstante, todos temen que los embates contra este organismo crezcan porque “desde que llegó al poder (López Obrador), el INE le estorba”, dijo Pérez Juárez.
Durante décadas, el actual presidente arremetió contra las autoridades electorales, sobre todo cuando en las polémicas presidenciales de 2006 dieron la victoria a Felipe Calderón por un ajustado 0,56% que consideró un fraude absoluto.
El INE como tal se reformó en 2014, pero López Obrador siempre lo ha considerado corrupto. Y aunque en ocasiones se han denunciado excesos de este organismo, la gran mayoría de ciudadanos confían en la institución que avaló la abrumadora victoria el tabasqueño en 2018, no cuestionada por nadie.
El lunes el presidente dijo que en la reforma electoral que presentará, entre otros cambios, será el pueblo y no los partidos los que elijan a los consejeros electorales para que sean “gente confiable” y no representantes de grupos de intereses creados o de partidos, pero eso, argumentan los académicos, no excluye que no sean designados de facto por el gobierno como ocurría antes en México, alertó Pérez Juárez.
La posibilidad de que prospere una reforma electoral preocupa aunque no será fácil de aprobar porque para ello Morena y sus socios necesitarían una mayoría cualificada en el Congreso, la cual no tienen.
Sin embargo, María Marván, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, alertó que puede haber otras formas de hostigamiento y “lo más preocupante” puede ser que en el año 2024 el ejecutivo le niegue al INE los fondos necesarios para poder organizar la elección presidencial con todas las garantías.
“La responsabilidad histórica de los partidos de oposición nunca ha sido más grande porque deberán defender el presupuesto” del instituto, agregó.
Con información de AP.
