El conflicto en Ucrania, la aceleración de la inflación y condiciones financieras más restrictivas, sumadas a la desaceleración de los principales socios comerciales y el descontento social, pueden empeorar las perspectivas de crecimiento para América Latina, advirtió el martes el Fondo Monetario Internacional.
Para amortiguar el golpe y reducir el riesgo de tensiones sociales, indicó, los gobiernos deberían focalizarse en los sectores más pobres y vulnerables y dejar que los precios internos se ajusten a los internacionales.
“La guerra en Ucrania está convulsionando la economía mundial y elevando la incertidumbre en torno a las perspectivas de América Latina y el Caribe”, dijo Ilan Goldfajn, director para el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. “Todos los países están enfrentando por la guerra precios más altos, especialmente de alimentos y energía, que están afectando desproporcionadamente más a los pobres”.
Las perspectivas económicas para la región fueron presentadas por Goldfajn en una rueda de prensa virtual desde la sede del organismo en Washington, en la que el funcionario también señaló que aún antes de la guerra la economía ya estaba desacelerándose.
Tras el repunte de 6,8% del Producto Interno Bruto regional en 2021, el FMI proyecta que la actividad económica caerá a 2,5% en 2022 y se mantendrá en ese mismo nivel el año próximo. Sin embargo, el impacto de la guerra será desigual: en América del Sur la caída será más pronunciada, de un 2,3% este año y un 2,1% en 2023; mientras que países que exportan materias primas -como Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago- se verán favorecidos con un repunte de 20,2% de su PIB en 2022, que caería a 16,4% en 2023.
Los pronósticos del FMI fueron revelados pocos días después que el Banco Mundial bajó sus previsiones de crecimiento para la región un 0,4% debido a la guerra en Ucrania, al 2,3%, y advirtió que los países deberán implementar reformas de fondo si no quieren volver a retroceder a niveles históricamente bajos de crecimiento.
Las proyecciones actuales equivalen a niveles de crecimiento de la década de 2010 y son unas de las más reducidas a nivel mundial.
El impacto, sin embargo, no es igual para todos.
Los países de América del Sur, que exportan petróleo, metales y granos, podrán posicionarse mejor, mientras que los de Centroamérica y el Caribe, que importan materias primas, alimentos y energía, tendrán un mayor impacto negativo, explicó Goldfajn.
Sin embargo, notó, existen otros riesgos, entre ellos las dificultades financieras a nivel mundial, que podrían provocar una escalada de la guerra y una contracción de las condiciones económicas en la región.
Asimismo, indicó, las políticas monetarias más restrictivas de la Reserva Federal estadounidense podrían afectar las condiciones financieras internacionales aumentando los costos. Esto, a su vez, aceleraría la salida de capitales de la región en momentos en que algunos países necesitan financiamiento público y externo y existen limitadas fuentes para financiar inversiones.
Por otra parte, la desaceleración también más pronunciada de la actividad económica en China podría impactar en el precio de las exportaciones y el comercio en la región, ensombreciendo las perspectivas de crecimiento.
El FMI prevé que la economía de Brasil se desacelerará 0,8% en 2022 después del crecimiento de 4,6% de 2021, mientras que la de México retrocederá a 2%, tras el avance económico de 4,8% el año anterior. Chile, que tuvo un crecimiento de su PIB del 11,7% en 2021, retrocederá a 1,5% y Perú pasará de 13,3% en 2021 al 3% en 2022, según las previsiones del FMI. Argentina, en tanto, retrocederá de 10,2% de 2021 a 4% este año y Colombia de 10,6% a 5,8%.
El Fondo aseguró que las preocupaciones más importantes son la pobreza y la desigualdad social debido al impacto desigual de la inflación en la población regional. Por eso, indicó, los países deben implementar medidas que garanticen la cohesión social y reduzcan las tensiones.
Varios gobiernos han implementado medidas desde que estalló la guerra, sobre todo focalizadas en impuestos pero que incluyen también reducciones impositivas y aranceles de importación, límites de precios y transferencias sociales.
Donde no existen redes de protección, los gobiernos deberían poner en marcha mecanismos temporales que suavicen el aumento de los precios, recomendó Goldfajn. Advirtió, sin embargo, que tendrán que garantizar la salud de las finanzas públicas.
