La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el ministro de Medio Ambiente y Acción Climática de Portugal, José Duarte Cordeiro, han anunciado este martes un acuerdo con la Comisión Europea para poner tope al precio del gas en el mercado mayorista de electricidad de la Península Ibérica, que se situará en una media de 50 euros/MWh en los próximos doce meses.
“Hemos llegado a un acuerdo político con la Comisión Europea”, ha señalado Ribera en rueda de prensa tras la reunión, en la que ha apuntado que en los próximos días se completará el procedimiento para “tener el respaldo de Comisión” para “implementarlo inmediatamente”.
Con arreglo al acuerdo alcanzado con el Ejecutivo comunitario, el precio de referencia del gas se fijará, en un primer momento, en torno a 40 euros/MWh y marcará un precio medio de 50 euros/MWh a lo largo de los 12 meses que esté en vigor, lo que supone 20 euros más del tope de 30 euros que propusieron de salida España y Portugal.
Esto se traduce en la “existencia de un mecanismo que nos permite desasociar la formación del precio de la electricidad en la península Ibérica del precio del gas”, ha incidido el titular de Medio Ambiente portugués, que ha añadido que este acuerdo permite proteger a los consumidores.
Estas cifras suponen menos de la mitad de los precios actuales del gas, que cotiza en Mibgas -el mercado ibérico- este martes en casi 80 euros/MWh, con lo que el tope que se establecerá para su uso en la generación eléctrica permitirá rebajar el precio de la luz a unos 120-140 euros/MWh, frente a los más de 200 euros/MWh en que se viene moviendo actualmente el ‘pool’.
En España, ha recordado la vicepresidenta, el 40% de los consumidores domésticos y entre el 70% y 80% de los consumidores de electricidad de la industria esta vinculados al precio de mercado mayorista, por lo que esta rebaja les afectará directamente. Ribera ha resaltado la importancia de «contar con un sistema con la excepción reconocida».
La medida constituye un instrumento temporal, “como pide la Comisión”. Además, Ribera ha subrayado que espera “tener resuelto” la parte de comunicación formal de Bruselas antes del fin de semana y que la propuesta podría ir al Consejo de Ministros de España la próxima semana “con aplicación inmediata, más allá de los ajustes técnicos para el funcionamiento del mercado”.
En un paso más, Ribera ha recordado que los precios del gas en el mercado mayorista rozan los 90 euros/MWh actualmente y ha apuntado a la baja interconexión con Francia como la principal restricción para “los consumidores españoles y portugueses» para «disfrutar de las ventajas de mercado europeo de electricidad”, lo que justifica, en conjunción con la penetración de renovables, “contar con una excepción ibérica”.
La sofisticación del mercado y la sensibilidad “de actores privados sobre los efectos de las medidas que adoptáramos” han sido dos de los factores que han suscitado tiranteces en las negociaciones, así como el periodo de vigencia de la medida o la fijación de los precios.
“Creo que es importante contar con un instrumento que nos reduce las turbulencias, la exposición a turbulencias y volatilidad del mercado eléctrico y precio del gas”, ha subrayado la vicepresidenta.
Este pacto “materializa”, en palabras de Ribera, el acuerdo político alcanzado por los líderes de la UE en su última cumbre en Bruselas, en la que se reconoció la excepcionalidad ibérica de “isla energética” y, dado que es compatible con los Tratados y reglamentos de la UE, permitirá poner en marcha un mecanismo temporal para ambos países y dar cobertura hasta el final del próximo invierno.
Además, todos los consumidores se verán beneficiados de este mecanismo de manera inmediata, especialmente los que están indexados al mercado diario (spot).
Interconexión con Francia
Uno de los temas sensibles, ha reconocido Ribera, era cómo podía impactar este instrumento en la exportación de electricidad a Francia, ya que “un incremento de la demanda puede suponer un incremento del consumo de gas natural en la península Ibérica”.
Ante lo cual, la Comisión Europea ha trasladado “la petición de ser flexibles” para no introducir limitaciones adicionales en frontera, pero “obviamente el consumidor francés tendrá que pagar lo mismo que el consumidor ibérico en este ajuste”, ha apuntado la titular de Transición Ecológica, sin aclarar cómo se garantizará.
La vicepresidenta ha apuntado que Bruselas se ha comprometido a “ser un actor mucho más activo” para vigilar el cumplimiento del objetivo de interconexión con Francia fijado para el 10% en 2020 y el 15% en el año 2030, y que se sitúa actualmente en el 2,8%.
“Ahora que Francia también siente la necesidad de contar con mayor interconexión en una circunstancia compleja para en consumidor francés, como la que se deriva de tener el 50% del parque nuclear parado, es el momento de acelerar las interconexiones con respecto a la península Ibérica”, ha subrayado la ministra de Transición Ecológica.
Propuesta inicial de 30 euros/MWw
Ribera viajó este martes a Bruselas para mantener una reunión con la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, para abordar la propuesta presentada por España y Portugal, que en un principio suponía limitar a 30 euros/MWh el precio máximo del gas natural para la generación de electricidad –los ciclos combinados y las de cogeneración–, con el objetivo de abaratar así la factura de la luz.
Ese tope a los 30 euros/MWh en el precio del gas para la generación de electricidad permitiría rebajar el precio medio del mercado mayorista de electricidad -el denominado ‘pool’ y que impacta en los contratos regulados (PVPC)- a la mitad de lo que actualmente se está registrando.
“Es obvio que nuestro punto de partida eran 30 euros, pero es obvio también que es un proceso complejo y que la Comisión y distintos actores han estado valorando alternativas”, ha declarado Ribera a este respecto.
No obstante, la propuesta, desde que fue remitida a Bruselas, ha contado con un fuerte rechazo por parte del sector eléctrico. De hecho, los operadores de los mercados eléctricos de España y Portugal advirtieron de los «importantes y relevantes impactos» que esta excepción ibérica’ puede ocasionar en los mercados a plazos de derivados ya contratados.
