A raiz de que fue dado a conocer un video en el que se ve cómo un grupo criminal persigue y expulsa a elementos del Ejército Mexicano del municipio de Nueva Italia, Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador reforzó su política de “abrazos, no balazos”, al declarar que ni el Ejército, ni la Marina, ni la Guardia Nacional deben confrontar a los grupos criminales, porque hay que cuidar a las fuerzas armadas, pero además, “también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos”, por ello el Ejército aplica el “respeto a los derechos humanos”, agregando que esta “es una política distinta, completamente distinta”. Viniendo del presidente de México, estas declaraciones han despertado muchos comentarios, la mayoría de ellos desfavorables, pero sobre todo bastante preocupación. Como es sabido, nuestro país es reconocido a nivel internacional como uno de los más peligrosos, precisamente por los crimenes que han cometido tales grupos en los tres años y medio que lleva gobernando el abanderado de Morena, y que suman ya 120 mil personas víctimas de homicidio doloso. Con esa “política completamente distinta”, no cabe la menor duda de que para el fin de su sexenio no sólo crecerá la cantidad de muertos a manos de tales grupos, sino también su dominio y control de más territorios de la geografía nacional.
El presidente, pues, está faltando, una vez más, al mandato de nuestra Constitución de velar por la vida, la seguridad y el patrimonio de sus gobernados que, por supuesto, no incluye a quienes actúan al margen de la ley, aunque se sientan protegidos por el gobierno. Nuestra Carta Magna se refiere a la protección de todos aquellos que con su trabajo, sea en el comercio, sea en el campo o en la industria, dentro de la ley, pretenden ganarse su sustento y el de sus familias; se refiere también a las mujeres y hombres de todas las edades que a diario se trasladan a sus trabajos o a sus escuelas, y también a quienes no teniendo la posibilidad de tener un trabajo formal ni de estudiar, buscan ganarse unos pesos para sobrevivir a través de alguna actividad legal.
Sin embargo, todos esos ciudadanos son víctimas cotidianas de extorsiones, de despojos, de robos, de secuestros, de “levantones”, de violaciones, de amenazas a su vida y a sus familias, de torturas y de terribles asesinatos por parte de las “bandas”, como les llama el presidente López Obrador, que delinquen a sus anchas. No existe, pues, un trabajo de “inteligencia” para contener la acción de los grupos criminales, y por lo dicho por el presidente, tampoco se tiene la intención de hacerlo. Además de las 120 mil víctimas de homicidio doloso, hay 100 mil personas desaparecidas, cuyos familiares cercanos se han tenido que dedicar a buscarlas ante la inacción de las autoridades que, también por mandato de la ley, están obligadas a hacerlo y a dar resultados. ¿Y qué decir de los feminicidios, que también se han incrementado bajo este gobierno?, que el presidente sigue negándose a reconocer la gravedad de este crimen, a pesar de que cada día son asesinadas 11 mujeres. ¿Y de los millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan?, que a pesar de las famosas becas, siguen siendo enganchados por los narcotraficantes y que a diario aparecen muertos, no sólo jóvenes sino también niños, por haber “traicionado” al grupo que los contrató.
¿Para que sirven, entonces, las reuniones que a diario realiza el gabinete de seguridad? Por lo visto, para gastar el dinero del pueblo -que se le niega en obras y servicios elementales, en salud, en guarderías, en escuelas de tiempo completo, en insumos para el campo y en un sinnúmero de programas que antes hacían la vida más llevadera- y para simular que les preocupa la seguridad de los mexicanos, pues como vemos, no vivimos bajo un Estado de Derecho, sino en un Estado sin Derecho para todos aquellos que vivimos y trabajamos en paz y sin violentar las leyes que nos gobiernan, que somos la inmensa mayoría de los mexicanos. Con esa “política completamente nueva”, es del todo evidente que nuestros derechos humanos, como muchos otros postulados constitucionales, sólo existen en el papel; que al gobierno de la 4T únicamente le interesa “llevar la fiesta en paz” con los grupos delincuenciales y criminales, a costa de la vida y la seguridad de millones de mexicanos. ¿Quién, en su sano juicio, puede creer que esa política nos llevará a buen puerto?
Para responder esa interrogante, basta mirar las imágenes y escuchar los testimonios de quienes han perdido a uno o a varios de sus seres queridos en “enfrentamientos”, de quienes están muertos en vida buscando desesperadamente a sus desaparecidos, de quienes tienen que identificar en la morgue a sus hijas víctimas de feminicidio, de quienes ven que la vida de sus hijos se les va de las manos porque han sido enganchados por el narco, de quienes han tenido que abandonar su terruño y emigrar ante la amenaza de muerte, de quienes tuvieron que cerrar sus negocios o pequeñas empresas porque eran víctimas de extorsiones. Debemos voltear a verlos y escucharlos, porque esa es la realidad en que vivimos bajo el gobierno de la 4T. Debemos, por tanto, negarnos a creer en una realidad virtual que sólo existe en la cabeza de López Obrador, porque en ello nos va no únicamente la tranquilidad y seguridad, nuestra y de nuestra familia, sino la vida misma. Debemos, pues, exigir ya un Estado de Derecho, de otra manera, el país seguirá desangrándose ante nuestros ojos.
