La Fiscalía General de la República (FGR) reabrirá el caso sobre el homicidio de Luis Donaldo Colosio tras más 28 años del acontecimiento. El órgano que dirige Alejandro Gertz Manero finalmente volverá a llevar ante los tribunales correspondientes uno de los casos más icónicos de la vida política y judicial en la historia de México: la muerte del entonces candidato a la presidencia del país por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1994.
Las autoridades seguirán la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en octubre de 2021 en la que instó a la Fiscalía a juzgar de nueva cuenta lo sucedido con Mario Aburto, quien es la persona que fue determinada como responsable de disparar el arma que terminó con la vida del funcionario, y que presume fue víctima de diversas violaciones a sus derechos tales como tortura y la falta de respeto a su debido proceso. Incluso el mismo Aburto promovió un amparo por el mismo motivo en marzo de este año.
En octubre de 2004, Mario Aburto fue encontrado culpable de asesinar a Colosio durante la realización de un mitín político en Lomas Taurina, Tijuana, y recibió una sentencia de 48 años de prisión por los delitos de homicidio calificado con premeditación y alevosía, así como por el ilícito de portación de arma de fuego sin licencia, pero en diciembre de 2005 le redujeron su condena a 45 años.
De acuerdo con la periodista Laura Sánchez Ley, especialista en la desclasificación de archivos judiciales y autora del libro “Aburto: Testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo”, algunas de las irregularidades más importantes que han encontrado luego de su investigación son que la sentencia está sustentada primordialmente en lo dicho por Graciela González, entonces novia del acusado, que posteriormente se retractó al decir que fue la policía quien la obligó a firmar una declaración.
Algo parecido sucedió con los primos de implicado, Marcelino y Mauricio, quienes también brindaron su testimonio en el que confesaron que Mario les mostró el arma con el que días después fue realizado el crimen. En el proceso ambos declararon que eso no fue cierto y que habían cedido ante la presión debido a que fueron torturados.
Otro de los puntos relevantes que señala la investigación de Sánchez Ley, es que de los ocho policías que describieron y supuestamente atestiguaron a Mario en flagrancia del homicidio, seis no se encontraban en el lugar de los hechos y no participaron en la detención. También falta por esclarecer la participación de un agente de inteligencia del Estado, José Antonio Sánchez Ortega, que fue detenido y al que le fue encontrado sangre y restos de plomo. El elemento fue liberado sin imputaciones a pesar de los peritajes.
El caso, incluso, ha sido retomado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en varios episodios de su administración. Luego de la recomendación emitida por la CNDH en 2021, el mandatario aseguró que en caso de tener nuevas pruebas, Mario Aburto tendría la justicia que merece y la protección de su gobierno. Además, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela se presentó ante los medios de comunicación para asegurar que las condiciones en las que se mantiene en prisión a Mario son las ideales.
“Si la familia del señor Aburto y él mismo tienen algo que decir sobre su proceso que signifique otra versión de los hechos y si él puede probar que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, el Estado mexicano lo protegería. Sería un acto de justicia y por lo mismo sería un asunto de Estado. Si él estuviese dispuesto a contar su versión se le brindaría toda la protección a él y a su familia. Si tiene algo que aportar”, dijo AMLO.
