El ex Procurador General de la República Jesús Murillo Karam se enfrenta este miércoles a una audiencia en la que se determinará si se le abre un proceso penal por su responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hace ocho años.
Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto por la ahora Fiscalía General de la República (FGR), acusado por la desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia de crear una versión falsa sobre la desaparición de los jóvenes.
En una primera audiencia un día después de su captura en la Ciudad de México sus abogados intentaron que siguiera el proceso en arresto domiciliario con el argumento de la mala salud del exfuncionario, de 74 años. Pero el juez se negó alegando que existía riesgo de fuga y desde entonces se encuentra recluido en una cárcel del norte de la capital.
En 2014, ante la presión pública para que se aclarara un caso que generó conmoción dentro y fuera de México, Murillo Karam calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales y que éstos los mataron, los quemaron en un basurero y arrojaron sus restos a un río.
Sin embargo, aunque se identificó a tres estudiantes a partir de huesos calcinados, un grupo de expertos internacionales y la actual fiscalía mexicana echaron por tierra la versión del basurero, confirmaron que en el crimen participaron fuerzas de seguridad y militares, que hubo manipulación de pruebas y de escenarios y que se torturó a decenas de detenidos, lo que unido a otras irregularidades derivó en que muchos de los procesados quedaran en libertad.
En un informe presentado la semana pasada la Comisión de la Verdad fue más allá al calificar lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 -durante el gobierno de Enrique Peña Nieto- como un “crimen de Estado” organizado “desde el más alto nivel” y que se ocultaron los vínculos de las autoridades con los criminales y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Según medios locales que tuvieron acceso a la primera audiencia el fin de semana, los fiscales dejaron en claro que hay pruebas suficientes que acreditan que Murillo Karam inventó su versión para cerrar el caso cuanto antes y dijeron que esa “verdad histórica” se ideó en una reunión con otros altos funcionarios.
Entre otras evidencias destacaron que la versión del basurero presentada a la prensa estuvo basada en declaraciones de que personas, que fueron torturadas, rindieran su declaración formal un día después.
La fiscalía ha emitido 20 órdenes de captura contra militares, entre los que hay mandos y personal de los batallones que están situados en Iguala, donde fueron capturados los jóvenes. Además se busca a otros 62 funcionarios, criminales y policías.
Uno de los prófugos es Tomás Zerón, jefe de la investigación y subalterno de Murillo Karam, acusado de los mismos delitos y quien se encuentra en Israel. México le ofreció colaborar con la justicia pero, según el gobierno, no ha aceptado.
Aunque el móvil del crimen sigue sin estar claro, el informe de la Comisión de la Verdad reactivó la hipótesis de que esté vinculado con el tráfico de heroína en la zona. A ocho años del crimen no hay indicios de que los estudiantes estén vivos y se desconoce cuál fue su destino.
