El juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, determinó que Jesús Murillo Karam, extitular de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) sea vinculado a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la impartición de la justicia con relación al paradero de los 43 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
La decisión fue tomada luego que los abogados del exservidor público, José Javier López García y Antonio López Ramírez, solicitaran el pasado sábado la duplicidad del término constitucional para que se analizará la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR) que busca llevarlo a proceso penal.
De acuerdo con el organismo autónomo, Murillo Karam cometió estos crímenes contra seis personas relacionadas con esta trama, actos que supuestamente se utilizaron para construir la llamada versión histórica, que sostiene que a los educandos los secuestró un grupo criminal para después ser incinerados en el basureo de Cocula, en Guerrero.
Al tomar la palabra, Murillo Karam expresó que, a pesar de las distintas investigaciones e intervenciones del grupo interamericano de expertos independientes y el equipo argentino de antropología forense, ninguno ha podido tirar la denominada “verdad histórica”
“Estos grupos participaron en todo momento en la investigación (del caso Ayotzinapa), fueron ellos quienes escogieron el análisis de los restos, fueron ellos quienes llevaron los restos a Innsbruck (Austria) y trajo los resultados, desde hace siete u ocho años han buscado muchas alternativas y han inventado muchas cosas y todas se caen”, manifestó con un tono de voz bajo.
Fueron 8 horas y media el tiempo que duró esta comparecencia, la cual finalizó cerca de las 16:30 horas de este miércoles. Además, como la desaparición forzada amerita prisión preventiva oficiosa, Murillo Karam estará privado de la libertad durante el lapso que dure su proceso judicial.
Basta recordar que el 27 de enero de 2015, Murillo Karam sostuvo que los 43 estudiantes habían sido secuestrados, asesinados, y que sus cuerpos fueron calcinados y arrojados al río San Juan, en Guerrero, por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
El pasado 20 de agosto, el también exgobernador de Hidalgo fue detenido al exterior de su domicilio, ubicado en Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, un día después de que el gobierno federal presentó el Informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
