El Gobierno mexicano negó este viernes que haya un uso político del informe que presentó hace una semana la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” del sexenio anterior.
“Una de las afirmaciones que se han hecho frecuentemente del informe es que esta es una posición política del Gobierno, y nosotros queremos destacar que este informe es el resultado de un proceso de investigación”, declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, en la conferencia diaria del Gobierno.
Encinas defendió el reporte, que da por muertos a los 43 estudiantes que desaparecieron en septiembre de 2014 y derivó el viernes pasado en el arresto de Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la república, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
El subsecretario reconoció que hay un “contenido político”, pero consiste en “esclarecer un crimen de Estado”.
También calificó de “absolutamente falso” el que el informe no diga “nada nuevo” y que solo se basa en una fuente de información.
Enunció que el reporte tiene fuentes de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad, además del Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Fiscalía de Guerrero y la Fiscalía General de la República.
Asimismo, se basa en informes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y 115 testimonios.
El subsecretario rechazó que el informe sea igual a la “verdad histórica”, la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero de Guerrero.
Sobre el ataque contra los estudiantes, Encinas señaló que han descubierto que la orden la dio José Luis Abarca, entonces alcalde del municipio de Iguala, y el grupo criminal Guerreros Unidos en colusión con otras autoridades.
Para este viernes, familias y activistas han convocado una marcha multitudinaria a un mes de que se cumplan 8 años, el 26 de septiembre, de la desaparición de los 43 estudiantes.
