El plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para formalizar y extender por tiempo indefinido el control militar de las tareas de seguridad pública a nivel federal constituye una grave amenaza a los derechos humanos y la transparencia, advirtió Human Rights Watch (HRW).
A través de un pronunciamiento difundido el lunes, HRW indicó que los militares, que han sido desplegados desde 2006 para tareas de seguridad pública, han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura, sin reducir los niveles desorbitantes de violencia.
“El Presidente López Obrador debería abandonar la estrategia abusiva y fallida de seguridad militarizada adoptada por sus predecesores y emprender un esfuerzo para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia de carácter civil”, consideró Tyler Mattiace, investigador para México de HRW.
Según el pronunciamiento de la organización civil internacional, retomado por Reforma, durante los primeros 3 años de la presidencia de López Obrador, indicó la, el Ejército informó que, en 640 enfrentamientos con civiles armados, mató a 515 personas, detuvo a 381 e hirió a 89, y que 21 soldados fallecieron durante ese periodo.
La Guardia Nacional fue creada como un organismo teóricamente civil, pero en la reforma constitucional con la que sustituyó a la Policía Federal se incluyeron cláusulas transitorias que permitirían a las fuerzas militares supervisar la transición y auxiliar en las tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024.
“Desde entonces, la Guardia Nacional ha actuado como brazo de facto de las Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional está dirigida por comandantes militares y más del 80% de sus miembros son soldados o marinos que perciben sus salarios a través de la Secretaría de Defensa y la Secretaría de la Marina”, apuntó el organismo.
