La Oficina de Policía Internacional Interpol giró una ficha roja contra tres de los propietarios de la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, para que sean buscados en más de 190 países por el delito de explotación ilícita de un bien nacional.
Los empresarios que ahora son buscados a nivel internacional son Cristian Solís Arriaga, Luis Rafael García-Luna Acuña y a Arnulfo Garza Cárdenas, contra quienes un juez de control federal de Coahuila libró una orden de aprehensión por el ilícito antes mencionado.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, además de haberse girado la notificación roja contra los empresarios, aseguró el predio en el que se ubica la mina, así como las oficinas de la empresa, sus documentos y equipos de cómputo.
“Se programó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial en contra de las referidas personas, quienes no se presentaron en la audiencia de mérito. Por tal motivo se obtuvieron por parte de esta Fiscalía de la Federación, 3 órdenes de aprehensión en contra de los antes señalados”, dijo la FGR al informar los avances del caso.
“Inmediatamente se solicitó ficha roja a la Dirección General de Asuntos Policiales e Internacionales de Interpol, misma que ya fue emitida por lo que hace a los imputados y además se cuenta con una alerta migratoria ante el Instituto Nacional de Migración”.
Desde el pasado 3 de agosto, 10 mineros quedaron atrapados en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, sin que a la fecha hayan sido rescatados.
La FGR explicó que la orden de aprehensión fue solicitada al juez porque los tres imputados no se presentaron voluntariamente a una audiencia de imputación, pese a que los dueños de la mina fueron citados para la diligencia.
Solís Arriaga es el único de los prófugos de la justicia que ha empezado a litigar contra el mandamiento de captura, pues presentó un amparo en el Juzgado Tercero de Distrito en Coahuila y le concedieron una suspensión contra la captura, ya que el delito imputado no prevé la prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo el juez le impuso el pago de una garantía de 500 mil pesos para mantener vigente dicha protección judicial y hasta el momento el imputado no ha depositado esa garantía.
“La FGR continúa con las investigaciones para dar cumplimiento a los mandamientos judiciales, así como para la determinación de otras conductas delictivas imputables a los ya señalados y a quien más resulte responsable”, señaló la dependencia.
