Solo tres de cada 100 homicidios dolosos se resuelven en el sistema de justicia penal mexicano, según un informe presentado por el centro de análisis México Evalúa.
El reporte advierte este año además una “clara ausencia” de perspectiva de Estado para formar o fortalecer instituciones, renuencia para invertir en la justicia penal y consolidarla, así como abandono de los esfuerzos para cerrar los espacios de impunidad y ampliar el acceso a la justicia.
En el informe “Hallazgos 2021” el centro de análisis da seguimiento y evalúa el sistema de justicia penal en México seis años después de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al sistema de justicia penal (SJP).
Por primera vez, el reporte incluyó un cálculo de impunidad estatal en delitos específicos, lo que reveló que la desaparición forzada (98.9%), la extorsión (98.2%), la violencia familiar (97.1%) y el homicidio doloso (96.9%) son los de mayor incidencia en el país.
Además, el análisis de México Evalúa señaló la insuficiencia de presupuesto para las instituciones así como las asimetrías evidenciadas por la distribución y la sobrecarga de trabajo de los operadores, lo que determina, “en gran medida”, que el 91.8% de los delitos investigados en el país queden impunes.
“El presupuesto no garantiza el éxito de una institución, pero sí lo condiciona. Sin recursos suficientes, ninguna institución de justicia podrá mejorar su capacidad de respuesta para la ciudadanía, la impunidad seguirá escalando y tendremos un Estado de derecho aún más débil”, comentó Edna Jaime, directora general de México Evalúa.
El informe detalla que en 2021 el presupuesto a nivel estatal aumentó solo 0.07% con respecto a 2020.
De ese presupuesto, el 50% se destinó a seguridad pública, 26% a las fiscalías, 22% a los poderes judiciales, 2% a las defensorías y apenas 0.43% a las comisiones de atención a víctimas.
Aunado a ello, resalta que las personas que trabajan en las instituciones del sistema de justicia penal enfrentan una importante sobrecarga de trabajo.
En 2021, cada ministerio público llevó, en promedio, 169 carpetas de investigación a nivel nacional, cada perito atendió 356 solicitudes, cada defensor público representó a 271 personas y cada asesor de víctimas a 175.
Por otro lado, “Hallazgos” llama la atención sobre la fallida transición de la Fiscalía General de la República, la apuesta por un enfoque punitivo mediante un mayor uso de la prisión oficiosa y la militarización de la seguridad pública.
Entre sus datos recoge que actualmente 94 mil elementos de las Fuerzas Armadas son parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y solo 29% del personal de la Guardia Nacional cuenta con certificación de capacidades y aptitudes para realizar funciones públicas.
Y es justo la Guardia Nacional, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cuerpo policial que acumula más quejas por violaciones a los derechos humanos: 350 en 2020, 504 en 2021 y 255 con corte a junio de 2022.
“Es urgente replantear las prioridades, fortalecer a las instituciones, dignificar a los operadores y colaborar con la sociedad para construir soluciones”, apuntó Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa tras la presentación del informe.
