La reforma electoral impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha desatado una serie de controversias desde que la propuso en abril pasado, a pesar de las ‘intenciones’ del tabasqueño para que se garantice un ejercicio mayor de democracia, imparcialidad, legalidad y transparencia en los comicios electorales.
En ese sentido, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado al respecto este lunes 31 de octubre, en el que se pronunció en contra de dicha reforma al considerarla “claramente regresiva”.
En un primer momento reconocieron las labores que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han realizado en los últimos 25 años para que los procesos electorales se lleven a cabo de manera justa, equitativa y transparente, tanto en los generales como en la renovación de los cargos de elección popular.
“El INE tiene una gran aceptación de la ciudadanía, siendo una de las Instituciones más confiables para los mexicanos”, aseguraron los obispos católicos de México, por lo que externaron su preocupación ante la iniciativa del Ejecutivo Federal de una reforma constitucional en materia electoral.
Ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las Instituciones que son el soporte del Estado Mexicano, como es el caso del INE y TEPJF. pic.twitter.com/cwM1gjKsI6
— CEM (@IglesiaMexico) October 31, 2022
Si bien reconocieron que todo proceso puede mejorar, como el paso del Instituto Federal Electoral (IFE) al INE, los obispos indicaron que ni los ciudadanos ni los gobernantes tiene derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan las Instituciones del país.
“(La reforma electoral) es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el contro de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista”
Entre los posibles agravios que dicha reforma representa, según el CEM, destaca la afectación a la gestión presupuestal, las repercusiones en su autonomía ciudadana y en su imparcialidad partidista, de manera que exhortaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo a no poner en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país.
“La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan”, sentenciaron los representantes del Episcopado Mexicano, quienes finalmente apelaron a la prudencia legislativa para defender a las instituciones electorales de México.
