“Y lo que se va a informar tiene que ver con la manera responsable en que se actuó para cuidar a la población civil, que no hubieran víctimas inocentes”, así presumía el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa del pasado viernes 6 de enero la operación de captura de Ovidio Guzmán.
Sin embargo, a tres días de la ola de violencia, pobladores de Jesús María, Culiacán, denuncian haber sido víctimas de abuso de autoridad, robo y violación a sus derechos humanos por el operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
Este martes, un grupo de personas que fueron testigos del fuego cruzado entre las autoridades e integrantes del crimen organizado protestaron en el Palacio de Gobierno de Sinaloa, exigiendo audiencia con el Gobernador Rubén Rocha Moya debido a que se encuentran incomunicados y sin servicios básicos.
No hubo respuesta del gobierno estatal, lo que generó más molestia e inconformidad. Integrantes de la policía estatal de Sinaloa fueron enviados para apaciguar a los manifestantes. Y después de varias horas no hubo diálogo.
Aunque las autoridades federales han reiterado que se “mantiene el diálogo” con los pobladores, las autoridades estatales se niegan a atender a las víctimas de la “zona cero” en Culiacán.
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