Por increíble que parezca, la oficina encargada de promover la educación y la cultura ataca a dos escuelas ¡qué educan y aculturan! Desde hace décadas a parte de las nuevas generaciones. Y a pesar de que los funcionarios del ramo han aceptado el carácter eminentemente popular de las instituciones, las agresiones siguen.
Por: Pável Calderón Sosa
Indiscutiblemente uno de los pilares sobre los que se puede construir una sociedad más desarrollada es la educación de sus integrantes: a un mayor nivel educativo las capacidades productivas se elevan y, por el contrario, uno más bajo las reduce. Esto es especialmente cierto en la época de la economía del conocimiento; los países que han apostado por elevar a estadios superiores la preparación de sus jóvenes, están en condiciones de impulsar un verdadero e independiente desarrollo frente a las potencias mundiales; y al revés, los países que han seguido siendo simples consumidores pasivos de lo que estas producen no tienen más remedio que seguir siendo usados como escalones del ascenso de otros.
Pero no se puede llegar al piso de arriba sin haber construido las escaleras. El mejoramiento de la educación básica y de la media superior es condición sine qua non para tal fin. Pero tal parece que ni esta verdad ni la realidad que todo el tiempo nos ponen de frente las evaluaciones internacionales (prueba PISA, por ejemplo) en las que México aparece invariablemente en los últimos lugares preocupa a algunas autoridades del país y de Sinaloa.
En este contexto, es especialmente preocupante la situación que guarda el nivel bachillerato en el estado. Es este es de los que representan más problemas para los jóvenes; solo 56 de cada 77 que lo inician, lo terminan (elsoldesinaloa.com). Esto representa una tasa de deserción de 27 por ciento; de los que desertan, “49% de los alumnos de Educación Media Superior deja inconclusa su vida académica por falta de recursos económicos para comprar útiles, pagar pasaje e inscripciones.” (Idem); el resto de quienes abandonan dicho nivel lo hace por razones académicas o por falta de confianza, razones que, en última instancia pueden reducirse a la primera, pues el sistema educativo del que provienen no los dotó de las herramientas necesarias para cursar con éxito los niveles más avanzados. Para revertir lo anterior se necesita, entre otras cosas, aplicar desde el gobierno medidas tendientes a disminuir los costos de la educación, que son la principal causa de deserción en preparatoria.
Contra toda lógica e interés social, en Sinaloa, lejos de apoyarse a dos escuelas preparatorias que desde hace dos décadas han sido una opción para estudiantes de bajos recursos económicos; que cobran las cuotas más bajas de todo el estado (incluyendo escuelas públicas); que imparten talleres culturales y deportivos a sus alumnos cuidando la integralidad de la educación; que han entregado su certificado de estudios de bachillerato a 1542 jóvenes, muchos de los cuales han seguido después sus estudios y hoy son profesionistas; lejos de apoyar este proyecto, decía, autoridades educativas de la SEPyC se han encargado de acosar a ambas instituciones, escamotearles un modesto apoyo que reciben desde el sexenio de Jesús Aguilar Padilla y entorpecer su funcionamiento desde su llegada al poder. Me refiero a las preparatorias Rafael Ramírez (EPRR), de Culiacán y Felipe Bachomo (EPFB), de Charay, El Fuerte, que atiende principalmente a población de origen indígena Yoreme.
Por increíble que parezca, la oficina encargada de promover la educación y la cultura ataca a dos escuelas ¡qué educan y aculturan! Desde hace décadas a parte de las nuevas generaciones. Y a pesar de que los funcionarios del ramo han aceptado el carácter eminentemente popular de las instituciones, las agresiones siguen. La última de ellas es la siguiente: el emplazamiento a enero de 2023 hecho por el Coordinador Administrativo de la SEPyC, Carlos César Castro García, para reubicar a los estudiantes en escuelas distintas a la EPRR y la EPFB, lo que implicaría, de llevarse a cabo, la desaparición de estas.
El grave atropello contra los derechos de 344 jóvenes actualmente inscritos en las dos preparatorias, pretende forzar su cambio de escuela, siendo que en el proceso de inscripciones, ya hicieron su elección por así convenir a sus intereses. El pretendido cambio forzoso haría inevitable la deserción o rezago en los estudios de todo o gran parte del alumnado: ¿promoverá la SEPyC la deserción escolar? ¿La SEPyC será reo de semejante delito, contraviniendo flagrantemente su misión? ¿Permitirá la SEPyC a su Coordinador Administrativo desaparecer opciones educativas que han mostrado buenos resultados, según lo atestiguan sus egresados y la confianza que les tienen los sinaloenses que hacen uso de ellas?
Me uno a la petición de los afectados para que intervenga el gobernador del estado, Dr. Rubén Rocha Moya, y la secretaria del ramo, Graciela Domínguez Nava, en aras de que 1) cese el hostigamiento institucional a las preparatorias populares, 2) se haga permanente y aumente el modesto subsidio que reciben, pues han demostrado su valía en la formación de jóvenes sinaloenses, así como su carácter popular y 3) que se establezca una mesa de trabajo que se plantee plazos para dar resultados en los temas de mejoramiento de la infraestructura de las mismas, pues lejos de desaparecer, merecen modernizarse y brindar un servicio más completo a los hijos de los trabajadores. Lo que se forja en el crisol de la lucha no desaparecerá al antojo de ningún peregrino funcionario que ignora las necesidades sociales, antes, avanzará.
