El escándalo generado por el supuesto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de México, Yasmín Esquivel, ha puesto a prueba la credibilidad e imagen del máximo tribunal y de la más importante universidad del país.
A más de un mes del escándalo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aún no ha resuelto las acciones que tomará a pesar de que concluyó que la tesis de grado de Esquivel de 1987 fue “una copia sustancial” de otra que se presentó en 1986. La ministra, sin embargo, insiste en que no plagió y que el suyo fue un trabajo original.
Hasta el momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha guardado silencio, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ha salido en defensa de Esquivel, identificada como cercana al mandatario que la postuló para el cargo en 2019 y ha exigido a la UNAM dejar la “politiquería” y resolver si le retira o no el título de licenciatura a la ministra.
A continuación un vistazo del caso que ha puesto en tela de juicio a dos importantes instituciones de México y la postura de analistas sobre el desenlace que podría tener el proceso:
¿Cuándo se dio a conocer el plagio?
El 21 de diciembre el escritor, académico e investigador Guillermo Sheridan denunció en un artículo publicado en el portal de noticias mexicano LatinUs, conducido por el periodista y férreo opositor al gobierno Carlos Loret de Mola, que la tesis de licenciatura de Esquivel, de septiembre de 1987, era un “plagio de una tesis previa” de julio de 1986 que presentó el licenciado Edgar Báez en la Facultad de Derecho de la UNAM.
La denuncia de Sheridan, quien también acusó hace un año y medio al fiscal general Alejandro Gertz Manero de presuntamente plagiar libros, se dio a conocer pocos días después que Esquivel se postulara como candidata para dirigir la Suprema Corte, elección que se realizó el 2 de enero y en la que resultó vencedora su colega Norma Piña, con seis votos de los 11 ministros.
¿Qué ha alegado la ministra Esquivel?
Esquivel, de 59 años, afirmó en un comunicado que difundió el 30 de diciembre que era objeto de una “campaña de mentiras y difamación sin sustento” y alegó como prueba a su favor una supuesta declaración que realizó Báez ante un notario público en la que habría reconocido que tomó varias referencias y textos de otra tesis, lo que el abogado ha negado. Esquivel también presentó tres peritajes informáticos que asegurarían que su tesis se realizó antes, dos dictámenes periciales en documentoscopia que indicarían que su trabajo de tesis comenzó en 1985 y las declaraciones del director del Seminario de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM y de algunos maestros, que no mencionó.
A favor de la ministra también habló su asesora de tesis, Martha Rodríguez Ortiz, quien dijo a medios locales que Esquivel era la autora original de la investigación y admitió que compartió la tesis con otros alumnos, incluido Báez, porque los tesistas tenían “miedo a escribir” o no sabían por dónde iniciar una investigación. Rodríguez Ortiz fue despedida este mes de la UNAM por haber incurrido en “causas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez” en el desempeño de sus labores.
¿Qué acciones ha tomado la UNAM?
La Facultad de Estudios Superiores Aragón, una entidad académica de la UNAM, anunció el 11 de enero en un comunicado que la tesis elaborada en 1987 perteneciente a Esquivel era “una copia sustancial de la original presentada en 1986” por Báez.
Tras ese pronunciamiento, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que la universidad “carece de los mecanismos para invalidar un título” e indicó que el caso se remitiría a la Secretaría de Educación Pública, que poco después lo devolvió a la universidad alegando que esa instancia es la que debe declarar la validez o no del título de la ministra.
Luego de las críticas que realizó López Obrador contra el rector de la UNAM, al que señaló de “lavarse las manos” en el caso, Graue dijo el 20 de enero en un discurso ante el cuerpo directivo de la universidad, que si bien el prestigio del centro de estudios está en “entredicho”, no actuaría de forma apresurada ante presiones externas y anunció que se convocaría a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para analizar diversas acciones que se podrían aplicar en el caso, pero no ofreció detalles.
¿Qué salidas se plantean en el caso?
La legislación mexicana prevé que la salida de un ministro de la Suprema Corte, que goza de inmunidad, sólo puede darse a través de un juicio político que se promueva en el Congreso, que actualmente es controlado por el oficialismo y sus fuerzas aliadas, lo que hace improbable que pueda prosperar una iniciativa de ese tipo contra Esquivel, afirmó Sergio Méndez , abogado de la organización civil local Fundación para la Justicia, que defiende el Estado de Derecho y apoya a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
El profesor de Derecho Constitucional de la UNAM, Francisco Burgoa, dijo que aunque “no existe una norma expresa” que faculte al máximo centro de estudios de México para revocar un título, podría recurrir al camino legal e “interponer un juicio de la nulidad de un acto administrativo”, como lo es la expedición de un título, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Ya algunos abogados han presentado en las últimas semanas acciones legales contra Esquivel para lograr su salida de la Suprema Corte, pero los analistas coinciden en que es poco probable que puedan prosperar.
Ante ese escenario Méndez indicó que el único camino que quedaría es que la ministra Esquivel renuncie o pida una licencia para ausentarse temporalmente del cargo mientras se aclara la situación. El abogado precisó que los ministros pueden solicitar una licencia de un mes ante el Pleno de la Corte, y si se extiende, pedir un nuevo permiso por dos años al Senado que nombrará un ministro interino. Al vencer ese período se debe elegir un nuevo ministro.
“La ministra está descalificada”, dijo Méndez al plantear que en este momento Esquivel no cumple un requisito constitucional que prevé que quien ocupe el cargo de ministro debe ser una “persona honorable” y de “buena fama pública”, por lo que debería retirarse del cargo ya que está debilitando a la Suprema Corte de Justicia. En recientes declaraciones a la televisora local Milenio la ministra descartó que vaya a pedir una licencia para separarse del cargo. “Voy a continuar como siempre lo he hecho en esta función desde hace 35 años, tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo de qué avergonzarme y continuaré”.
