Para nadie es un secreto que la educación oficial en nuestro país es casi un desastre. Que los niños y jóvenes que logran terminar un año escolar más salen con un bajísimo nivel de conocimientos en matemáticas, en comprensión de lectura y ciencia. Que por efecto de la pandemia de covid, la SEP, por decreto, prohibió reprobar a todos aquellos alumnos que cursaron la primaria y la secundaria durante el ciclo escolar 2021-2022. Que actualmente seis de cada 10 secundarias públicas son telesecundarias, porque no hay suficientes planteles. Que las escuelas abandonadas a causa de la pandemia siguen deteriorándose aún más ante la negativa de arreglarlas por parte del gobierno de la 4T. Que, de acuerdo con varios maestros, no se les dieron condiciones para que participaran en el contenido de los nuevos libros de texto gratuito, de acuerdo con el nuevo modelo pedagógico -al que la 4T dio en llamar la Nueva Escuela Mexicana-, por lo que su experencia didáctica en el aula quedó fuera de los textos. Que se terminó con el programa de escuelas de tiempo completo, privando con ello a los niños de una comida balanceada que ayudara a su desarrollo físico y mental. Que las autoridades educativas no han hecho nada por sancionar a los maestros que violentan a sus alumnos, física y mentalmente. En fin, que los alumnos son víctimas inocentes de un gobierno que, formalmente, dice preocuparse por su formación y preparación, pero que en los hechos demuestra todo lo contrario.
Como si todo lo anterior no bastara, es también una realidad que la nueva secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya, la tercera en lo que va de este sexenio, además de no figurar para nada, tiene sueltos los hilos de la función para la que fue nombrada por el presidente López Obrador. Así lo demuestra, por ejemplo, la opinión vertida por el director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, en el Seminario “Libros de texto gratuitos. Avances y retos de una nueva política”, organizado por el Conacyt. En su participación, el señor Arriaga arremetió contra quienes imparten educación privada, “empresarios de la educación”, les llamó, diciendo que estos “no van a dejar este territorio (el de la educación, aclaro yo) así de fácil”, por lo que se hace necesario “lograr hacer entender a esta gente que dejen de lado a la educación para que el sueño de la izquierda se haga real, de que la educación, que la cultura llegue a todos los niveles socioeconómicos.” Pero ¿qué cantidad de niños y jóvenes cursó el ciclo escolar en escuelas públicas y privadas? De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Acceso y Permanencia en la Educación 2021, de las y los alumnos inscritos de 3 a 29 años, 29 millones 600 mil niños y jóvenes (89.7 %) cursó el ciclo escolar 2021-2022 en escuelas públicas y tres millones 400 mil (10.3 %) lo hizo en escuelas privadas. Ese fue el alcance de los “empresarios de la educación”.
De este sueño de la “izquierda”, se desprenden varias cosas. En primer lugar, me interesa destacar el hecho de que en un sistema capitalista de producción, que es en el que vivimos, la sociedad está dividida en dos clases fundamentales que, por su situación económica, son antagónicas, aunque la una sin la otra no pueden existir: la clase capitalista, que invierte su capital en la compra de medios de producción y fuerza de trabajo para producir todo tipo de mercancías, incluyendo la educación, y obtener luego una ganancia superior (plusvalor, le llamó Carlos Marx) al capital originalmente invertido, y la clase obrera, que no tiene más que su fuerza de trabajo, que tiene que vender al capitalista para poder sobrevivir. De tal manera que plantear que “los empresarios de la educación”, en una sociedad así, dejen de obtener ganancias a través de la impartirción de educación, deja a las claras que el señor Arriaga, o bien pretende borrar a punta de declaraciones el tipo de sociedad en la que vivimos, o bien pretende engañar a quien se deje.
Puede ser también que, como ha venido siendo costumbre en el gobierno de la cuarta transformación, el funcionario de la SEP pretenda que se modifique, se adicione o de plano desaparezca el derecho que consagra el artículo 5º constitucional, que a la letra dice: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.” Mientras este artículo exista, el señor Arriaga podrá seguir soñando lo que quiera, pero lo que es condenable es que pretenda pisotear un derecho consagrado en nuestra Constitución. Además, cosa que está entre sus deberes, parece desconocer el contenido de la ley de Educación, que fue reformada en 2019 por el gobierno al que sirve, que contempla la participación complementaria de la iniciativa privada en la educación.
En cuanto al tema del seminario que, como se dijo más arriba, versó sobre los avances y retos de una nueva política en relación con los libros de texto gratuitos, ante su ineficiencia al frente del cargo que hoy ostenta, precisamente el de directorde Materiales Educativos de la SEP, se puso a hablar de las ¡editoriales privadas y del contenido de los textos que venden a las escuelas privadas! “Históricamente -dijo-, las casas editoriales se manejan en la ilegalidad, comercializando con libros de texto sin pasar por evaluación alguna…” De ser cierto que “históricamente” la industria editorial privada ha venido trabajando en la ilegalidad, ¿por qué las autoridades correspondientes no han hecho nada para sancionarlas o clausurarlas?, ¿no que “la ley es la ley”? En respuesta a esta aseveración, la doctora en Sociología e investigadora nacional, Lorenza Villa Lever, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señaló que decir que hay libros ilegales “es casi llevarnos otra vez a la Inquisición”, señalando además que el propio Estado no tiene la capacidad para producir todos los libros; como está ahora, ni siquiera la capacidad de producir todos los libros para la educación primaria, manda maquilar muchos libros.”
Y, en efecto, así es. Resulta que la producción de los libros de texto y otros materiales educativos, que está a cargo de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) de la SEP, ha caído en 80 por ciento debido a la falta de mantenimiento de la maquinaria o a la sustitución de la misma por su antigüedad, según reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF). De ahí que para el ciclo escolar 2021-2022, la planta industrial de dicha Comisión contribuyó con apenas un 2.9 por ciento, que representaron cinco millones de libros; el resto, 178 millones, tuvo que mandarlos a hacer, precisamente, a editoriales privadas, de acuerdo con datos de la propia ASF. ¿Y qué ha hecho al respecto el señor Arriaga? ¿Acaso ha exigido que la Conaliteg aplique el presupuesto que tiene asignado para su planta industrial, a pesar de que seguramente sabe que el año pasado solamente realizó el 66 por ciento del mismo? No. Lo que sí hizo fue incumplir con lo que se le ordenó: de 18 libros para la educación básica, que deberían estar listos para el ciclo escolar 2021-2022, al final sólo concretó la elaboración de dos textos de español para tercero y cuarto de primaria. Con ese rendimiento, ¿cómo piensa el funcionario hacer accesible la educación y la cultura a todos los estudiantes del nivel básico?
Al funcionario, además, le molesta el hecho de que como las casas editoriales privadas comercializan libros de texto sin que nadie los evalúe, fijan posturas ideológicas en sus contenidos de acuerdo a sus propios intereses. Llama la atención el hecho de que el funcionario, que se dice de izquierda, se admire de que esto exista en un sistema de producción como el nuestro, como si desconociera la relación que existe entre las dos grandes esferas de la vida social del hombre: la esfera de la producción económica o estructura económica, y la esfera del pensamiento o esfera ideológica, que se levanta como complemento indispensable de la primera y en donde se hallan el Estado, las leyes, la política, la moral, la religión, la filosofía, la actividad cultural, la educación, entre las más importantes.
Desde que la sociedad se dividió en clases sociales antagónicas, la ideología ha sido siempre la ideología de la clase dominante, precisamente porque es la dueña del capital y de los medios de producción, dominio que tiene que extender a todas las áreas de la esfera ideológica para poder mantenerse en el poder. Claro, existen otras ideologías, pero no son las que predominan en esta sociedad, de tal manera que para que otro tipo de ideología, más humana y superior a la actual -como muchos deseamos- sea la que predomine, primero hay que cambiar el actual modo de producción. Querer imponer otra ideología, manteniendo el actual modo de producción, es, cuando menos, una quimera, en virtud de que la conciencia social evoluciona y cambia de acuerdo a como cambie el modo de producción. Pero si lo que se pretende es encubrir la ineficiencia de su encargo, queda claro que el señor Marx Arriaga maneja a su antojo y conveniencia conceptos históricamente probados, por lo menos, desde el modo de producción feudal.
