Se acusa al alcalde de Juárez y al Instituto Nacional de Migración (INM) de haber realizado detenciones masivas para “limpiar” las calles de migrantes, para que no “molestaran” al Presidente en su visita programada a dicha ciudad fronteriza, en donde planeaba inaugurar tres Bancos del Bienestar.
Froilán Meza Rivera
En medio de la peor crisis migratoria y humanitaria sufrida en el país durante el presente sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tuvo como primera reacción pública una declaración desafortunada, que aunque ha ido matizando conforme se esclarecen los hechos, consiste en echar prácticamente la culpa de su propia muerte a los 39 migrantes que perecieron en el incendio de las instalaciones de la migra mexicana en Ciudad Juárez, Chihuahua. Una segunda reacción desafortunada, pero también usual en él según los estándares de la “Cuarta Transformación” (4T), fue acusar a los reporteros que le solicitaban más información de la tragedia de hacer “amarillismo” y de estar “vendidos”, además de reprocharles que en el pasado “no les importaban los derechos humanos”, y que ahora sí. Ésta fue la actitud de quien tiene en sus manos la política migratoria del país, con toda la carga negativa que él se ha encargado de imprimirle.
El miércoles, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos señaló, por boca de la fiscal Sara Irene Herrerías, y en presencia de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, que ningún funcionario público quedaría sin comparecer ante el Ministerio Público. Sin embargo, y desde las declaraciones y el tono de lo expresado, desde el Presidente de la República para abajo, el Gobierno Federal está cargando el peso de las responsabilidades en la tragedia de Ciudad Juárez sobre funcionarios migratorios menores; incluso, los dados se cargan hacia los policías privados de la empresa de seguridad contratada para cuidar las instalaciones donde ocurrió el incendio en el que murieron 40 migrantes el pasado 27 de marzo. Por cierto, contratados bajo el esquema del odiado outsourcing que “ya no existe”.
Empleados del INM acusaron al delegado estatal de este organismo en Chihuahua, el contraalmirante Salvador González, de haber ordenado que se mantuviera encerrados a los migrantes que fallecieron calcinados y asfixiados. Los servidores federales buscan ampararse, con la justificación de que la orden de no abrir la puerta de las celdas fue del funcionario de mayor nivel, su jefe.
¿Fue orden del delegado?
Tres de los empleados federales que buscan el amparo de la justicia dijeron que “tienen miedo” de que los acusen de homicidio; y refirieron que la instrucción precisa de dejar encerrados a los detenidos partió del militar retirado que funge como delegado del INM en el estado de Chihuahua. Es decir, que éste les ordenó, luego de que ellos le avisaran por teléfono del incendio, que no abrieran la puerta de la celda donde se estaban quemando los migrantes. Todo esto lo confirmó el abogado juarense Jorge Vázquez Campbell, quien informó que, según la información que le fue proporcionada, “cuando inició el motín o protesta y empezaron a quemar colchones, él ordenó que les cerraran la reja y que (los empleados) se salieran, que los dejaran morir (a los migrantes)”. Los funcionarios aseguran que bastaría con revisar el aparato celular del delegado para comprobar que sí recibió dicha llamada.
Hasta el cierre de esta edición, el número de migrantes fallecidos se había estimado en 39, más 28 lesionados, según el último reporte emitido por el INM, como saldo del trágico incendio ocurrido la noche del lunes 27 de marzo en una estancia provisional del mismo INM. A su vez, se informó que los cuerpos de emergencia brindaron asistencia a 15 mujeres extranjeras que fueron desalojadas de la Estancia Provisional cuando inició el incendio en el “área de alojamiento” (área de detención).
La tragedia
¿Qué fue lo que sucedió? Durante ese día, el lunes, los agentes federales del INM destacamentados en Ciudad Juárez se dieron a la tarea de “cazar” a aquellos visitantes cuyo aspecto los delata como procedentes de otros países, a quienes encontraron vendiendo dulces y frituras en la vía pública, realizando otras actividades como colectas, o simplemente transitando. Esta última redada se hizo a petición del presidente municipal morenista, quien tiene un empeño muy especial por “limpiar” la ciudad.
En un video que se dio a conocer de manera inmediata, sacado del propio sistema del INM, se pueden apreciar varios hechos significativos: en primer lugar, que los encarcelados incendiaron colchones en el interior de las celdas (se presume que como forma de protesta y para presionar para ser liberados); además, resulta evidente que las puertas (rejas metálicas, en realidad) tenían candado; y el otro hecho innegable es que, a pesar de que los hombres encerrados pugnaron por echar abajo las rejas, incluso a patadas, y de que gritaron para ser auxiliados, ninguno de los tres empleados presentes en los pasillos y al parecer una mujer, hizo el menor esfuerzo para sacarlos o para ayudarlos en manera alguna. Los que no murieron achicharrados, dejaron de respirar por asfixia.
“Limpiar” Juárez de migrantes para la visita de AMLO
Entrevistado, el periodista Luis Carlos Carrasco Martel, director del portal talcual.com.mx y editorialista reconocido, condenó la manera por demás irregular en que fueron tratados los migrantes que, en conjunto con la Policía Municipal, fueron “recogidos” (es decir, arrestados, aprehendidos) y llevados, pero no a alguno de los tres albergues con los que el INM tiene convenio en la ciudad, sino a sus propias instalaciones provisionales, en la calle Lerdo, a unos metros del Puente Internacional Lerdo-Stanton, frente al Palacio Municipal, donde quedaron en calidad de presos. Carrasco sostiene que era una preocupación central del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, en esos días, “dejar limpias” las calles de Juárez, en previsión de que los migrantes se fueran a manifestar o a realizar algún alboroto en la ya muy próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a esta frontera, porque el mandatario nacional tiene (tenía) programado encabezar la inauguración de tres sucursales del Banco del Bienestar.
“Así es como se explican estos operativos, y así se explica también el encierro bajo llave y candado de los migrantes en las dichas instalaciones”, dijo Carrasco.
Crimen de Estado
Por su parte, Ciela Ávila, responsable del área de Comunicación del Centro de Derechos Integrales en Acción, de Ciudad Juárez, responde a la pregunta de “¿a quién darle la responsabilidad de estos hechos?”. Dice ella: “Desde diversas organizaciones a nivel nacional y a nivel internacional, México, en Estados Unidos (EE. UU.), incluso, y otros lugares de Latinoamérica, estamos perfectamente conscientes de que la responsabilidad es totalmente del Estado mexicano, porque las personas estaban dentro del INM”.
El miércoles 29, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos emitieron una declaración pública. Desde la sociedad civil, los llamados que estamos haciendo, señaló Ávila, “van en el sentido de respetar los derechos humanos de las personas”, porque, recordó, “México está comprometido con diversos acuerdos internacionales, y este flujo migratorio que está actualmente en Juárez, es mayormente venezolano”. A veces solemos llamarles “migrantes”, acotó la derechohumanista, “pero estamos hablando de un perfil de personas que están en busca de protección internacional”. En ese sentido, estamos exigiendo, en primer lugar, la destitución del comisionado del INM, porque no es la primera vez que ocurre, ya pasó en Tabasco, y justamente ahorita estas situaciones pudieron haber sido previstas, porque las condiciones en que están son de hacinamiento. Anteriormente, ya habíamos hecho visitas en las estaciones provisionales, que al final terminan siendo centros de detención, las personas estaban encerradas con candado, las personas tienen que esperar, incluso, a que les den un vaso de agua. Estamos hablando de una cárcel”.
El Gobierno Federal los criminaliza
–Ayúdanos, Ciela, a entender cómo trabaja en realidad el INM, no en los comunicados, sino en la práctica diaria.
Ávila, quien también es periodista, fotoperiodista y videógrafa freelance, denunció la existencia de ciertas prácticas que son anticonstitucionales, pero que se realizan de manera cotidiana. Dijo que el INM, es la única instancia que tiene facultades para poder hacer la revisión de un estatus migratorio de las personas. Nadie más. Pero en la realidad, se le “adjuntan” algunas autoridades, como la Policía Municipal, en el caso concreto de Ciudad Juárez. El INM ha irrumpido en hoteles, donde no tienen convenio de colaboración, y tanto la “ayuda” que reciben de las fuerzas municipales, como esta invasión de espacios privados, son ilegales, están completamente fuera de toda norma. “Entonces, este tipo de acciones, ya nos alerta acerca de cómo se están llevando a cabo esas verificaciones migratorias”, y además hay que recordar otra irregularidad: que los agentes, cuando llevan a los detenidos a los centros de detención, no les explican el alcance ni las limitaciones, mucho menos los derechos de que gozan conforme a la ley, como sus posibilidades para regularizar su estancia en México.
–¿Dirías tú que las políticas aplicadas por el Gobierno Federal terminan por criminalizar la estancia de estas personas en el país?
La expresión de asentimiento en el rostro de Ciela Ávila anticipa su respuesta: “totalmente, están criminalizando, son discursos que se están replicando a nivel local. Hace un par de semanas se anunció un operativo por parte de los tres órdenes de gobierno, para Ciudad Juárez, que iba a durar hasta el 21 de marzo. Estuvo presente el comisionado de Migración, también el alcalde de Juárez, entre otras autoridades, y destacaron este discurso formal de ‘respeto a los derechos humanos’, pero al final, ese discurso se ve opacado por sus acciones”.
Endurecer la represión a migrantes
En su propia defensa, el presidente municipal morenista de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, intentó deslindarse a última hora de las consecuencias de los operativos señalados, asegurando que el trágico incendio en las instalaciones del INM, en el que murieron al menos 39 personas migrantes y el operativo para retirarlos de los cruceros de la ciudad “son hechos completamente distintos”. Y acusó de “querer lucrar políticamente” a quienes han señalado una relación causal entre ambos. En medio de este “deslinde”, acusó al propio “superdelegado” (el representante en el estado del Gobierno Federal), Juan Carlos Loera de la Rosa, también morenista, y su enemigo histórico, de estar detrás de una “campaña” para denigrarlo en la actual situación. Lo cierto es que Cruz Pérez Cuéllar no necesita ayuda para ser catalogado de antiinmigrante, porque desde el pasado 12 de marzo, cuando un millar de hombres, mujeres y niños se dirigieron en estampida a cruzar por la fuerza hacia EE. UU. por el puente Paso del Norte-Santa Fe, uno de los cinco que comunican Juárez con suelo estadounidense, atraídos por el rumor de que se les daría paso libre por la celebración de un supuesto “día del migrante” , el presidente municipal declaró que su gobierno “endurecerá su postura contra las personas migrantes que se encuentran varadas” en esta ciudad.
“Vamos a tener una postura más fuerte en este sentido, en cuidar la ciudad (…) ha llegado un momento crucial para poner un alto y tener un punto de quiebre en este sentido. Es fundamental, porque pueden afectar la economía de la ciudad y a miles de juarenses y paseños, o de gente de Las Cruces, por actividades como la que se vio el día de ayer, que son totalmente ajenas a la realidad fronteriza”, dijo Pérez Cuéllar durante su rueda de prensa semanal el 13 de marzo. Anunció que los migrantes “Serán mitigados con operativos permanentes para dispersarlos de donde se encuentren”.
Política migratoria al servicio de EE. UU.
Eunice Rendón, especialista en temas migratorios, recordó al respecto que, hace dos semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los periodos de 15 y hasta 60 días hábiles de detención y alojamiento temporal de migrantes en estaciones del INM, establecidos en la Ley de Migración, son inconstitucionales.
El hecho es que México está jugando el papel de servidor de los EE. UU. en materia migratoria, pero en dos vertientes: por un lado, y de manera no formal pero efectiva en la práctica, el país del norte le envía a su vecino del sur a todos aquellos individuos extranjeros que no desea en su territorio y que, en los días que corren, son de nacionalidad venezolana, cubana, nicaragüense y haitiana, porque hoy tiene cancelado todo tipo de trámite migratorio para ellos. Por otra parte, México está ejerciendo, desde los tiempos de Trump, y lo reiteró con Joseph Biden, el papel de una barrera militar-policiaca de contención de los migrantes, a los que busca para impedirles el paso al norte por medio de la Guardia Nacional, así como detenerlos, arrestarlos y deportarlos, como lo ha estado haciendo.
En abril de 2021, en lo que se dio en llamar la “diplomacia de las vacunas”, la actuación de la Guardia Nacional de México como guardián del patio trasero de EE. UU., fue moneda de cambio, al haber aprobado Joseph Biden el envío de 2.7 millones de dosis de la vacuna Pfizer a su vecino del sur. Teóricamente, no era una dádiva, sino un “préstamo”. Pero, ¿cómo y por qué? El presidente Biden, quien había dicho inicialmente que “no” al ruego de Andrés Manuel López Obrador de que le diera vacunas, terminó anunciando que sí lo haría, y el gobierno mexicano respondió presuroso desplegando –de nuevo, igual que como lo hizo de manera servil con la pasada administración de Donald Trump– fuerzas militares a las fronteras sur y norte para contener a los inmigrantes centroamericanos.
En 2022, tan solo en Ciudad Juárez, se registró la detención, por parte del INM, de 11 mil 868 personas en situación de migrantes, una cifra récord para este municipio de Chihuahua. En comparación, se trató de un 44.1 por ciento más que los migrantes detenidos en el 2021. Solo en los meses de enero y febrero de 2023, la cifra de detenciones fue de cuatro mil 272, por lo que se calcula que, de seguir esta tendencia, el total para fin de año se podría catapultar hasta las 20 mil personas.
¿Así se explica el odio, la represión, la animadversión y el desprecio del gobierno mexicano hacia quienes, igual que sus propios ciudadanos emigrados a EE. UU., buscan mitigar el hambre y el atraso social en el que están inmersas sus familias? La respuesta la tiene el lector.
