El presidente mexicano optó el miércoles por mantener en su cargo al titular de la agencia migratoria pese a que la fiscalía federal anunció que lo procesará por el incendio que dejó 40 migrantes muertos en un centro de detención migratorio de Ciudad Juárez, en la frontera con Texas, el pasado 27 de marzo.
“No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él… vamos a esperar y vamos a tomar las decisiones en su momento”, afirmó Andrés Manuel López Obrador tras reiterar que no habrá impunidad para nadie.
La fiscalía federal señaló en un comunicado el martes por la noche que Francisco Garduño y otro directivo del Instituto Nacional de Migración (INM) incurrieron en presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas migrantes y las instalaciones de ese organismo.
El departamento no aclaró los cargos que se le imputarían a él ni a los otros cinco funcionarios contra los que también anunció que procederá penalmente.
El presidente comentó que algunos podrían ser acusados de omisión de funciones y otros de homicidio y reiteró que “todavía falta que la fiscalía informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir justicia”.
Garduño, extitular del sistema penitenciario mexicano, llegó al INM en junio de 2019 para implementar el plan de contención migratoria pactado con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles con la que amenazó el expresidente Donald Trump.
El eje central de dicho plan fue el despliegue de miles de agentes de la Guardia Nacional en el sur de México, un cuerpo recién creado en ese momento con militares, marinos y expolicías federales.
El movimiento fue considerado el inicio de la militarización de la política migratoria mexicana que aumentó con la llegada de militares activos o retirados a puestos de mando en la agencia migratoria. El responsable del INM en Chihuahua, estado donde se encuentra el centro incendiado, es un contralmirante retirado que ya fue llamado a declarar.
Garduño, abogado y criminólogo de profesión, es cercano al presidente desde que López Obrador era alcalde de la capital y, según dijo el mandatario el miércoles, “es bueno su trabajo en general, siempre ha tenido un buen desempeño” pese a que ahora ocurrió “la desgracia” de Ciudad Juárez.
Agregó que, hasta ese momento, no le había presentado su renuncia pero reiteró que él no protegerá a nadie si se demuestra que ha cometido un delito.
El suceso en las instalaciones migratorias de la ciudad fronteriza, que además de los 40 muertos dejó una treintena de heridos, fue el incidente más letal de este tipo ocurrido en México y tuvo lugar en medio de un creciente flujo migratorio hacia Estados Unidos.
Los cuerpos de 31 fallecidos, en su mayoría centroamericanos, ya han sido repatriados a sus países de origen, cuyos gobiernos pidieron a México llevar ante la justicia a todos los responsables. El Salvador incluso consideró el suceso como un “crimen de Estado”.
Cinco personas -tres funcionarios de migración, un guardia privado y el migrante venezolano que presuntamente inició el fuego en un acto de protesta- ya están procesados por presunto homicidio y lesiones mientras se investigan supuestas negligencias, falta de protocolos de seguridad de las instalaciones y toda la cadena de responsabilidades.
El caso causó aun más conmoción cuando fueron divulgadas imágenes de vídeo de una cámara de seguridad que mostraron a guardias saliendo de las instalaciones cuando el fuego en una celda ya había comenzado y sin que ninguno hiciera un intento por liberar a las decenas de migrantes que estaban encerrados.
Hasta el momento no está claro quién tenía las llaves de la celda o si había más de un juego, pero el presidente mexicano afirmó esta semana que la intoxicación que provocó las muertes ocurrió porque “quien tenía la llave, no estaba”.
Durante años ha habido quejas sobre las malas condiciones y violaciones a los derechos humanos en los centros de detención de migrantes en México, entre ellas ventilación deficiente, agua y alimentos inadecuados y retretes insalubres.
La fiscalía federal recordó el martes que dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años “vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones” del INM que “indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado”.
Además, son numerosas las denuncias de corrupción en todo el sistema de migración sobre sobornos a guardias y funcionarios para permitir la salida de migrantes detenidos.
