A casi un mes de la tragedia ocurrida en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, sigue ejerciendo su cargo a pesar de la muerte de 40 migrantes provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia y Venezuela, y de los casi 30 heridos que dejó el incendio en dicha estación el 27 de marzo. Hasta el día de hoy, sigue sin quedar claro si será o no inculpado, pues tanto su jefe inmediato, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de quien depende dicho instituto, como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo eligió para ejercer el cargo desde mediados de 2019, han hecho declaraciones que apuntan a que, tratándose de un servidor público de alto nivel, sus acciones u omisiones pudieran quedar sin castigo alguno, a diferencia de los simples mortales -se habla de cinco personas- que ya fueron procesados por un juez federal acusados de homicidio doloso y lesiones.
El secretario de Gobernación declaró recientemente que “mantiene comunicación con Francisco Garduño”, quien le reporta la situación existente en todas las estaciones migratorias, pues “en tanto no haya una disposición legal que lo inhabilite o que lo sujete a un proceso, él continuará como titular del INM”. Según informaron varios medios de comunicación, el señor director reapareció dos semanas después de la tragedia, pero en el aeropuerto, sólo para entregar a los deudos los cadáveres de sus seres queridos, que fueron llevados a sus lugares de origen. No hay, pues, ninguna medida cautelar que evite que Garduño Yáñez emprenda la fuga y evada la justicia. Los migrantes, que iban a ser deportados por el gobierno mexicano, en vez de llegar vivos a su tierra natal, llegaron muertos por culpa de la negligencia de quien, directa o indirectamente, recibe órdenes del director del INM.
Por su parte, el presidente López Obrador, en su mañanera del 12 de abril, o sea, dos semanas después del incendio, relató a su modo lo que ya muchos sabíamos a través de las noticias; sin embargo, de lo que dijo destacan dos hechos: uno, que haya dicho que “el encargado de las llaves de la celda donde estaban los migrantes no se encontraba en el lugar, lo que impidió el rescate”. En un lugar así, que por cierto no se compara con una cárcel de alta seguridad, ¿no había ningún instrumento o personal suficiente para forzar la puerta de la celda? Según declaraciones de varias mujeres migrantes retenidas en el mismo lugar, a ellas las salvó de la muerte una mujer custodia que les abrió las celdas, ¿por qué entonces no se hizo lo mismo en la sección varonil? Como se logra ver en un video ampliamente difundido, quienes los custodiaban, al ver el fuego, corrieron espantados y los abandonaron a su suerte sin la más mínima consideración. Y dos: que “se trató de una protesta” y por ello le prendieron fuego a unas colchonetas, ¿por qué o contra quién protestaban? Hasta ahora ninguna autoridad ha informado la razón de la misma.
Obviamente, este hecho levantó críticas, tanto nacionales como internacionales, contra el gobierno de López Obrador; el gobierno de El Salvador, lo calificó como un “crimen de Estado” y exigió la renuncia de los responsables de la política migratoria de México. Quizá por eso, la Fiscalía General de la República emitió un boletín el 11 de abril en el que informa haber iniciado un proceso legal contra Garduño y otros servidores públicos, quienes deberán comparecer ante un juez federal de Chihuahua el próximo 21 de abril, por “incumplir obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a personas e instalaciones a su cargo”; de encontrarlos culpables, podrían ser sentenciados de dos a siete años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa. Como vemos, una sanción bastante blanda para el tamaño del daño. Se sabe también, y el propio López Obrador así lo confirmó, que las 35 estaciones migratorias que existen en el país son custodiadas por personal de seguridad privada y no por la policía federal. De acuerdo con el presidente, su intención al llegar al poder era ya no contratar policías privadas, sino crear un servicio federal de protección “para las oficinas, para todo lo que se requiera… se empezó con la formación de los nuevos elementos, pero no hemos logrado todavía tener todos los que necesitamos para sustituir por completo estos servicios privados”. Siendo la seguridad uno de los aspectos más importantes para el Estado, ¿cómo entender que a poco más de cuatro años de su gobierno aún no se cuente con los elementos suficientes para constituir una corporación policiaca federal?
Está claro que el gobierno de la 4T ha sido incapaz de cumplir con su obligación de proteger y dar seguridad a las personas migrantes, como lo demuestra el caso de Ciudad Juárez. Se le ha hecho más fácil pagar con nuestros impuestos servicios privados para la custodia de los centros de detención de migrantes, lo cual demuestra, además, que la “pobreza franciscana” que pregona López Obrador es pura propaganda. La custodia de dichos centros la ha venido realizando la empresa denominada Grupo de Seguridad Privada Camsa, que fue contratada por el propio INM y por cuyos servicios los mexicanos pagamos el año pasado 165 millones de pesos. Quienquiera que esté bajo la custodia del gobierno mexicano tiene derecho, en primerísimo lugar, a que se salvaguarde su vida; en el caso de los migrantes, a que regresarán a su terruño, con los suyos, frustrados, sí, por no haber podido cruzar a los Estados Unidos, pero vivos y salvos. La tragedia, que pudo haberse evitado, muestra también que el humanismo del presidente es sólo una más de las banderas con que navega, pero que la realidad va destrozando cada día más.
