La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la sentencia que anula la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2024.
Lo anterior, explicó el Ministro Juan Luis González Alcántara, para que las dependencias involucradas puedan realizar todos los ajustes administrativos, operativos y presupuestales necesarios.
El Pleno de la Corte invalidó el martes pasado la reforma de septiembre de 2022 a leyes secundarias por la cual el Gobierno pretendió transferir el control de la GN a la Sedena, por violar el Artículo 21 de la Constitución, que establece que la corporación es de carácter civil y debe estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC).
Sin embargo, al final de la sesión, varios Ministros manifestaron preocupación por los efectos prácticos de la sentencia, dado que la reforma Constitucional de 2019 que creo la GN, si permitió la participación temporal de la Sedena y la Secretaría de Marina en el proceso de conformación de dicha corporación, integrada casi en su totalidad por policías militares y navales.
Luego de una discusión privada, González Alcántara propuso postergar al 1 de enero del próximo año el inicio de los efectos de la sentencia, lo que quiere decir que, en los 8 meses y días que restan de 2023, la reforma seguirá estando vigente.
“En este plazo las dependencias involucradas contarán con el tiempo necesario para realizar, gradualmente, el ajuste en el control administrativo, presupuestal y operativo de la GN, que por mandato del Artículo 21 Constitucional corresponde a la secretaría del ramo de Seguridad Pública. Este plazo permitirá llevar a cabo el ajuste mencionado en forma plena, paulatina y ordenada”, dijo González Alcántara.
La propuesta fue aprobada por 9 Ministros, con voto en contra de Arturo Zaldívar y Yasmín Esquivel que también se opusieron a anular la transferencia de la Guardia a la Sedena.
A fin de cuentas, no se fijó algún plazo al Congreso para emitir nueva legislación, pero si se mencionó que tendrá que haber ajustes en el Presupuesto de Egresos de 2024, de tal forma que los recursos para la GN sean asignados a la SSPC.
En octubre pasado, refiere Reforma, una jueza federal de Irapuato concedió una suspensión definitiva que prohíbe al Gobierno concretar la transferencia de recursos humanos y materiales de la Guardia a la Sedena, como parte del amparo promovido por un activista de derechos humanos.
Dicha suspensión sigue vigente, aunque esta próxima a ser revisada por un tribunal colegiado de circuito de Guanajuato.
La Corte, que resolvió una acción de inconstitucionalidad de senadores de oposición, en ningún momento hizo referencia a esta suspensión durante sus discusiones.
En la práctica, la Sedena es la que ha ejercido el mando de la Guardia, cuyo comandante es el General de División retirado David Córdova Campos.
Discuten Ley de la GN
El Pleno inició hoy la discusión de una acción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la versión original de la Ley de la Guardia Nacional, expedida en 2019, asunto en el cual el Ministro Javier Láynez tardó 3 años en presentar el proyecto de sentencia.
Los Ministros sólo votaron por rechazar el primer alegato de la CNDH, sobre supuestas omisiones del Congreso para regular criterios de desempeño del personal de la GN, reglas para coordinación con estados y municipios, y lineamientos para las aportaciones que estos últimos deben pagar cuando soliciten ayuda de la corporación federal.
En este último tema, González Alcántara fue el único disidente, al considerar que el Congreso debió fijar reglas claras de los pagos por apoyo de la GN, para que no se dejen a discreción de las dependencias involucradas ni se hagan cobros excesivos a las entidades.
Luego de esta votación, la presidenta Norma Piña decidió levantar la sesión, para revisar el resto de los temas el próximo lunes.
Láynez propone rechazar la mayor parte de los conceptos de invalidez de la CNDH, incluido el que busca anular la participación de la GN en el control de migrantes en apoyo del Instituto Nacional de Migración (INM).
Sin embargo, precisa el diario nacional, el Ministro si propone invalidar que la Guardia Nacional pueda custodiar las estaciones migratorias, pues los migrantes no son delincuentes ni ponen en riesgo la seguridad pública.
El proyecto también invalida que la Guardia puede solicitar geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles, tratándose de delitos que no son graves, tema sobre el cual la Corte ya tiene múltiples precedentes.
Además, se anularía la facultad de la corporación para operaciones encubiertas y de usuario simulado para la prevención de delitos, pues se argumenta que este tipo de operaciones de infiltración sólo deben aplicar cuando ya hay delincuentes y delitos identificados, y porque la Ley de la GN las permite para prevenir cualquier delito, sin importar su gravedad.
