El Ministro Alberto Pérez Dayán propuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar el llamado “Plan B” electoral por vicios de procedimiento legislativo.
La Corte discutirá en breve este proyecto que sólo anula las reformas a las leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, publicadas en diciembre.
Sin embargo, los vicios que se presentaron en la Cámara de Diputados también llevarían a la nulidad de la reforma a las leyes propiamente electorales, incluida la reestructuración del INE, proyecto que toca presentar al Ministro Javier Laynez porque dichas leyes se publicaron hasta marzo.
Pérez Dayán enfatiza que la Cámara de Diputados votó entre el 6 y la madrugada del 7 de diciembre una amplia reforma al sistema electoral con base en una iniciativa del Ejecutivo que aprobó el mismo día que fue presentada.
“La gravedad de tales infracciones en conjunto permite concluir con la invalidez del decreto cuestionado, por violación directa a los Artículos 71 y 72 de la Constitución federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”, afirma el proyecto.
Destaca que el Presidente de la República ya no podía presentar iniciativas de carácter preferente al Congreso, lo que sólo se puede hacer en el día de apertura de cada periodo de sesiones.
“A pesar de ello, el Grupo Parlamentario de Morena, con un mínimo ajuste, las hizo suyas y solicitó su trámite urgente”, explica.
Pérez Dayán considera que son fundados los siguientes argumentos de la oposición sobre vicios de procedimiento:
- Violación a los Artículos 71 y 72 de la Constitución federal porque el decreto se aprobó sin observar las reglas del procedimiento legislativo, ya que la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, no es la misma que se presentó para aprobación en la sesión del 6 de diciembre.
- La iniciativa no pasó por un procedimiento legislativo ordinario pues, para su aprobación, se recurrió al trámite de “urgencia u obvia resolución”; sin embargo, ni en el momento de su presentación, ni de la lectura de la exposición de motivos, se advierten las razones para actualizar el supuesto del Artículo 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ni las condiciones que, en relación con éste, ha establecido la Suprema Corte en jurisprudencia.
- El decreto fue aprobado en transgresión al principio de deliberación democrática, ya que no es el resultado del debate que debe existir en todo órgano legislativo, es decir, la tramitación como de urgente u obvia resolución en la Cámara de Diputados, y las irregularidades cometidas en Comisiones de la Cámara de Senadores, impidió su conocimiento, la deliberación democrática real, cualitativa y de fondo.
“Es evidente que al no publicarse el orden del día con la anticipación suficiente, los diputados accionantes no tuvieron conocimiento oportuno de lo que habría de discutirse en ella y, mucho menos, de la iniciativa presentada por los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista y, en consecuencia, tener un debate real, democrático e informado sobre ella”, concluye el Ministro.
El proyecto retoma precedentes sobre procedimiento legislativo de la Corte, que entre 2015 y 2020 anuló al menos 4 reformas legales estatales y una federal por aprobaciones fast track, ninguna de ellas de la amplitud y trascendencia del “Plan B”.
Se requiere el voto de al menos 8 de los 11 Ministros para invalidar la reforma. Si el proyecto no los alcanza, se tendría que presentar uno nuevo, analizando si el contenido de las leyes impugnadas se ajusta a la Constitución.
Cabe mencionar que la parte del “Plan B” que afecta al INE fue suspendida por el Ministro Laynez desde el pasado 24 de marzo, mientras que Pérez Dayán prohibió en febrero aplicar las reformas sobre propaganda electoral en los comicios de este año en Coahuila y el Estado de México.
