Que primero se analicen las impugnaciones a la Ley General de Comunicación Social (LGCS), antes que el “Plan B” de la reforma electoral, solicitó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por medio de un comunicado, la CJEF solicitó a la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández que en orden de prelación y por seguridad jurídica, proceda a resolver primero sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la LGSC el 11 de mayo de 2018, y luego se analice la validez de la reforma a dicha norma, aprobada en diciembre de 2022.
Recordó que dicha ley fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del PRI, PAN, lo cual fue cuestionado por la entonces minoría en la Cámara de Senadores, la CNDH y el Partido Movimiento Ciudadano, al considerar que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones no son acordes con la Constitución federal.
La Consejería Jurídica dijo que dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta.
Esto es contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (Plan B).
Criticó que hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente 5 años desde su impugnación en 2018.
Explicó que su solicitud es con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México.
Por ello, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal hizo un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión.
