La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dar efectos generales a la invalidez del decreto que blindaba la información de los “proyectos prioritarios” del presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerarlos como de “seguridad nacional e interés público”.
La decisión se dio por el voto a favor de 6 de los 11 ministros del pleno de la Suprema Corte, quienes resolvieron una controversia constitucional emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El órgano de transparencia objetó que el acuerdo era inconstitucional y se determinó que impedía el acceso a la información por parte de la ciudadanía mexicana, quienes no podrían realizar solicitudes de información de obras como la Refinería Olmeca o el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, entre otros.
Desde el pasado 18 de mayo, la SCJN resolvió invalidar el decreto presidencial de noviembre de 2021, pero la resolución de sus efectos se dejó para la sesión celebrada este lunes (22).
El proyecto del ministro Juan Luis González sostenía que, si bien se requieren 8 votos como mínimo para que los efectos se consideren generales, el asunto en cuestión se trataba de una instrucción que afectaba a todas las dependencias del Gobierno federal y entidades mexicanas, por lo que sus efectos debían ser totales.
En contra de esta tesis, se posicionaron las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, quienes sostenían que la invalidez solo era entre las partes, es decir, entre el INAI y el Poder Ejecutivo federal, como también sostuvo el ministro Arturo Zaldívar.
González aseguró que tanto las dependencias como las entidades forman parte del Ejecutivo federal, por lo que la invalidez del acuerdo que les ordena considerar como “seguridad nacional y de interés público” a diversas obras prioritarias para López Obrador, principalmente en el sureste del país, también les aplica y elimina esta instrucción.
La determinación de la Suprema Corte de Justicia no tendrá efectos en el más reciente decreto de López Obrador, en el que vuelve a considerar como “seguridad nacional y de interés público” a sus obras insignia, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 3 aeropuertos, entre otros.
El decreto de López Obrador se produjo en respuesta a la SCJN que antes había invalidado su primer acuerdo que declaraba sus obras prioritarias como de “seguridad nacional”, reservaba información e impedía cualquier obstrucción legal para frenarlas.
