Legisladores de la Comisión Permanente del Congreso rechazaron convocar a un periodo de sesiones extraordinario a fin de nombrar a uno de los 3 comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La decisión va en contra del mandato de un tribunal mexicano, que instruyó al Congreso mexicano a celebrar una sesión en la que se nombre a 1 de los 3 integrantes pendientes al interior del instituto de transparencia y que este órgano autónomo pueda completar el mínimo legal para sesionar sin un amparo legal.
El Inai no puede resolver ninguna demanda ciudadana desde el 1 de abril que implique ordenar a algún órgano público transparentar información o que denuncie la vulneración de datos personales de un particular porque no alcanza el mínimo de 5 comisionados para sesionar como dicta la Constitución Mexicana.
La propia presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra señaló que sin la existencia de órganos de transparencia los derechos de los mexicanos de acceder a información pública y proteger sus datos personales “están en juego”.
La negativa fue respaldada con el voto en contra de 7 legisladores del oficialismo integrado por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).
En tanto, 6 legisladores de los partidos de oposición Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) votaron a favor de la instrucción judicial, mientras que la senadora Mónica Fernández (Morena) votó en abstención.
Fernández, presidenta del grupo de trabajo integrado por las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso mexicano, indicó que no solo se tiene este nombramiento pendiente en la Cámara alta, sino un total de 77.
También recordó que el pasado 22 de junio se recibió la indicación del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, luego de que el Inai acudió al Poder Judicial para ampararse ante las normas mexicanas y poder sesionar sin el quórum legal necesario, ante la negativa del Congreso y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha calificado a este órgano autónomo como “inútil”.
De acuerdo con el juzgado mexicano en caso de no ser apercibido el mandato judicial podrá imponer una multa equivalente a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), unos 300 dólares, la cual podría aumentar gradualmente hasta llegar a mil UMA’s, es decir, unos 6 mil dólares.
