La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclaró al Gobierno de México que los salarios de los ministros no podrán ser reducidos por actos provenientes de otros poderes.
La semana pasada, la titular de la Secretaría de Gobernación , Luisa María Alcalde, pidió a la SCJN un informe sobre las acciones que ha realizado el máximo tribunal para cumplir con el mandato de que ningún funcionario gane más que el presidente mexicano.
“Las percepciones que reciben los ministros de la SCJN no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros poderes”, señaló la Corte en su informe.
Sin embargo, recordó que desde el 8 de enero de 2019, los ministros del Supremo decidieron reducir su salario un 25%; al hacer uso de su autorregulación bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Aunque detalló que el Artículo 94 de la Constitución mexicana establece que la remuneración de los juzgadores mexicanos no podrá ser disminuida durante su encargo y el 123 establece el principio de que “a trabajo igual debe corresponder salario igual”.
Además, en la respuesta de la SCJN recordó que el máximo tribunal del país determinó desde mayo de 2019 que el articulado que establece que ningún funcionario podía recibir mayor sueldo que el presidente mexicano “carecía de parámetros objetivos”.
“Se declaró la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ya que el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones que garanticen las características que exige dicho numeral”, indicó.
Además, consideró que esto permite una discrecionalidad con potencial de afectación a la eficacia y calidad de la función pública.
En la respuesta del Supremo también se indica que no existe un precepto jurídico que permita a la Secretaría de Gobernación a solicitar a la SCJN un informe respecto del cumplimiento de algún artículo constitucional.
Sin embargo, señaló que atendía la solicitud “en función de fortalecer el diálogo entre los Poderes del Estado y en aras de rendir cuentas a la sociedad de conformidad con el artículo 134 constitucional”.
Reducir los sueldos de los altos funcionarios del sector público fue una de las principales promesas de “austeridad republicana” que realizó López Obrador, quien impulsó la reforma legal para ello en noviembre de 2018, un mes antes de asumir la Presidencia.
La Suprema Corte invalidó la reforma en 2019 tras controversias constitucionales promovidas por la Cofece, el Banco de México y el INE, pero el Congreso aprobó una nueva con modificaciones en 2021.
