En una zona montañosa del sur de la Ciudad de México brigadas de guardabosques y voluntarios plantan pinos de apenas unos centímetros entre ramas rotas y troncos cortados en un claro que antes era un bosque tupido. Por momentos suena a lo lejos el zumbido intermitente de una motosierra.
“Ya se acabaron el monte”, dijo con tristeza Alfredo Gutiérrez, de 43 años, de la comunidad capitalina de San Miguel Topilejo. Hace un año “se veía oscuro, aunque hubiera sol de tanto árbol que había”.
Más de la mitad de la Ciudad de México es una zona rural y casi el 20% son áreas naturales protegidas, entre ellas, bosques situados al sur que garantizan la recarga de los acuíferos que abastecen a la mayoría de los 20 millones de habitantes de la capital y sus suburbios, árboles que limpian el aire contaminado de la urbe y sirven para contener las altas temperaturas.
Estos bosques están ahora más amenazados que nunca por la tala ilegal, una actividad en parte ligada al crimen organizado y que ya arrasaba en otros puntos del país.
El gobierno de la Ciudad de México inició hace dos meses operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas y otras instituciones y ha incrementado sus labores de reforestación, pero sólo un pequeño porcentaje de esos árboles saldrán adelante y tardarán años en crecer mientras los taladores siguen arrasando con los árboles más grandes y antiguos, los que más dióxido de carbono absorben.
Se planta en un lado, se tala en otro.
La ciudad tiene 150 mil hectáreas. De acuerdo con la organización Global Forest Watch, que mide la deforestación en todo el mundo, la capital tenía 40.500 hectáreas cubiertas de árboles en 2010. En 2022 perdió 49 hectáreas, más que en los cuatro años previos juntos.
Pablo Amezcua, ingeniero en recursos naturales y asesor de las autoridades de San Miguel Topilejo, también ha registrado un aumento en la tala. Según sus datos, antes de 2020 sólo había unas 200 hectáreas afectadas por la tala en el pueblo, ahora hay unas 2 mil 400.
Las denuncias también crecieron. Según datos de la Plataforma de Transparencia del gobierno, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene registradas 122 denuncias por tala en la Ciudad de México desde 2013, 62 de ellas en los primeros siete meses de este año.
Los camiones de brigadistas y guardabosques de Topilejo -algunos trabajadores directos del gobierno, otros vecinos financiados por las autoridades locales a través de proyectos sociales- avanzaban por un camino en el que apenas cabía el vehículo después de participar en una jornada de reforestación con estudiantes y familias para concienciar sobre el cuidado de los bosques. La Guardia Nacional y el Ejército los escoltaba.
Un joven de 24 años al volante miraba a ambos lados. La última vez que pasó por ahí, dos días antes, había árboles donde ahora se veían troncos cortados y una maraña de ramas rotas que ellos luego limpiarían para que sean menos peligrosas en caso de incendio.
Casi todos los pobladores de San Miguel Topilejo piden que se resguarde su nombre por miedo. Los taladores no se andan con juegos: el compañero de 58 años que va de copiloto dice que lo hirieron de bala en el abdomen en noviembre una vez que intentaron detenerlos. Antes había tenido que salir durante más de un año de su comunidad porque habían amenazado a su familia.
México es el país más letal del mundo para los activistas ambientales -que muchas veces son los propios campesinos que se encargan de tierras de propiedad comunal- según el último informe de la organización no gubernamental Global Witness que contabilizó 54 asesinatos en 2021. Este año dos ambientalistas fueron asesinados en junio cerca de la capital en el vecino Estado de México, en una zona protegida cerca de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Uno de ellos dirigía un centro de investigación de una universidad pública y fue atacado a hachazos.
Dada la acelerada urbanización de la ciudad a partir de la segunda mitad del siglo XX y la proliferación de asentamientos en las laderas de las montañas, las autoridades decretaron una veda para preservar los bosques y la tala quedó prohibida de forma absoluta, una decisión que algunos expertos consideran imprescindible y que debe mantenerse, pero que otros creen que ha alimentado la ilegalidad.
Los guardabosques de San Miguel Topilejo dicen que el aumento de la tala se debe a que muchos delincuentes que estaban en el negocio del combustible robado se pasaron a esta actividad cuando el gobierno federal empezó a cerrar espacios a ese negocio ilegal con intensos operativos en 2019.
Pero Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente de la ciudad, aseguró que el problema viene de mucho antes y que en él se cruzan muchos intereses, entre ellos los inmobiliarios, y diversos actores como el crimen organizado.
La delincuencia organizada antes usaba estos montes capitalinos para tirar los cadáveres de sus víctimas. Pero estas bandas, como en otras partes de México, están interesadas no sólo en controlar territorios sino en todas las actividades lucrativas que se den en ellos.
Al aumentar el número de grupos vinculados a la tala fuertemente armados, muchos de los que cuidaban el monte se sintieron desbordados, comenzaron a exigir más ayuda y cortaron carreteras en señal de protesta.
Fue entonces, a fines de junio, cuando el gobierno de la ciudad inició los operativos conjuntos entre distintos departamentos, autoridades de varios estados y más de 500 militares.
En los primeros días de agosto el alcalde de la ciudad, Martí Batres, dijo que se habían desmantelado 32 madereras y 28 aserraderos clandestinos en la capital y una docena más en el vecino estado de Morelos y que se habían identificado cinco grupos criminales altamente organizados.
“Llegan a un lugar, encuentran ciertas condiciones, montan el aserradero, cortan árboles, pero rapidísimo, o sea en una mañana o en una noche, los empiezan a procesar y luego levantan el aserradero” y lo ponen en otro lugar, explicó. “Esto es dinámico, la información se tiene que estar renovando permanentemente”.
Batres aspira a cerrar el mercado de madera ilegal y reformar las leyes locales para que el delito de la tala sea castigado más severamente. Ahora es difícil procesar a muchos de los detenidos, en parte, porque los pobladores tienen miedo a declarar contra ellos.
Los taladores han reaccionado agresivamente a los operativos quemando camiones de las brigadas y hasta, en una ocasión, rociando con gasolina a los propios militares, confirmaron vecinos y un soldado.
También hay pobladores que han quemado camionetas de los delincuentes si se las han encontrado, reconoció quien fue herido el año pasado. Pero la lucha es desigual. “Ellos tienen armas de alto poder”, comentó. “Nos han rebasado estos delincuentes”.
